viernes, marzo 29, 2024

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma al Código Procesal Penal

La normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia. Fue aprobada con 134 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones.

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Con 134 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley una reforma del Código Procesal Penal Federal que actualiza esa normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia.

La reforma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado.

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El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.

También instaura el sistema adversarial o acusatorio que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

Durante el debate de la sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), destacó que “estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio”, un requisito para el ingreso de la Argentina a la OCDE.

La radical recordó que cuando Macri tomó la decisión de frenar la implementación del Código “porque no estaban puestas las condiciones necesarias”. En cambio, aseguró que con la nueva redacción “se transparenta la agilidad y la rapidez respecto a las garantías” y “comprende todos los delitos federales”.

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En contra de la iniciativa, el kirchnerista Martín Doñate consideró que esta nueva norma “no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política”. Además criticó que se hagan reformas a un Código que está suspendido.

“Con esta ley se reducen las garantías de los ciudadanos, sin que esto implique necesariamente una mayor eficacia en la persecución del delito; evidencia una distorsión del sistema acusatorio; y hay una clara afectación al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”, completó Doñante.

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el Código Procesal Penal se sancionó en 2014 “con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso”.

La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) y después será aplicada en las provincias del centro del país.

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