El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detectó irregularidades por más de $52 millones en concepto de gasto de combustible para patrulleros y vehículos municipales en el distrito de Lanús, por lo que aplicó sanciones económicas a funcionarios del intendente camporista, Julián Álvarez.
Según se desprende del expediente, la observación central del Ejercicio 2024 radica en la existencia de órdenes de pago millonarias que carecen de la documentación básica exigida por la normativa. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas adjunto dos series de remitos, una por un total de $22.945.253,73 y otra por $29.118.411,86.
Si bien el organismo de control a cargo de Federico Thea aprobó la rendición de cuentas de Lanús, aclaró que “existen observaciones realizadas en los respectivos informes que corresponde analizar teniendo en consideración los descargos y respuestas brindadas por las autoridades municipales”.
En detalle, el municipio de gestión peronista fue observado por la “ausencia de antecedentes documentales que respalden cada remito” y de “incumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos para la adquisición de combustible”.
La defensa del municipio intentó justificar las irregularidades bajo el concepto de una “emergencia en Seguridad”, argumento que fue tajantemente rechazado por la justicia contable, puesto que el fallo sostiene que no existieron fundamentos válidos para saltearse los mecanismos legales de transparencia.
Como consecuencia, el Tribunal de Cuentas sancionó al secretario de Seguridad de Lanús, Sebastián Castillo, con una multa de $300.000 y al director de Compras del municipio, Fernando Stamilla, con $350.000.
La imposibilidad de vincular el gasto con vehículos concretos abre un interrogante que preocupa en los pasillos de la municipalidad pues no la falta de pruebas sobre el destino final de los fondos deja bajo sospecha no solo a los funcionarios sancionados, sino a todo el sistema de auditoría interna de la actual gestión.
Si bien las multas económicas parecen menores frente a los montos observados, el peso del fallo podría ser el puntapié inicial para denuncias penales por malversación de fondos públicos o pedidos de informes masivos en el Concejo Deliberante. En un contexto de ajuste y reclamo de transparencia, el “caso de la nafta” promete escalar en la agenda política bonaerense durante los próximos días.
En tanto, el intendente Julián Álvarez fue multado con $ 300.000 por irregularidades en el plan de Fortalecimiento de Programas Sociales egresos a favor de la empresa CABAL y en la falta de presentación de documentación sobre homologación y titularidad de equipos de control del Sistema de Fiscalización electrónica vinculada al tránsito.
