En las últimas horas, el trabajador del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), Pablo Lenz, denunció un profundo “deterioro institucional y laboral” en los Centros de Menores, en medio de una ola de motines y del debate por la baja de edad de imputabilidad. El organismo depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que encabeza Andrés Larroque.
En rigor, la denuncia de Lenz engloba una serie de reclamos del personal del sector por la implementación de un nuevo reglamento que modifica el régimen de trabajo y que, según sus palabras, “entrega a los trabajadores de pies y manos”. “Lo disfrazan de reducción horaria, pero en realidad te encierran más días y te impiden hacer horas extras”, explicó el referente.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, Lenz alertó que el reglamento, firmado en octubre último por los gremios ATE, SOEME, UPCN y un sindicato recientemente desprendido de Salud Pública, fue “articulado a espaldas de los trabajadores” y representa un “cambio regresivo” en las condiciones laborales del personal que cumple funciones asistenciales.
Hasta el mes pasado, el régimen laboral vigente en la mayoría de los centros era de 24 por 72, mientras que el nuevo esquema firmado en octubre último establece una modalidad de 12 por 36, que, según Lenz, “impide compatibilizar otros trabajos y condena al encierro continuo, con salarios bajísimos y una sobrecarga emocional brutal”.
El trabajo de los CAD es considerado como insalubre, pero los salarios de personas, con alrededor de 20 años de antigüedad, ronda los 900 mil pesos mensuales, con lo cual en su mayoría deciden tener un trabajo extra que aumente los ingresos familiares y les permita cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que en junio alcanzó los $1.110.624.

“No solo precarizan más a los trabajadores, sino que consolidan un sistema de privilegios para los gremios firmantes. En ese acuerdo crearon 120 cargos jerárquicos a medida de sus aliados. Hay parientes, amigos, novias, hijos nombrados en cargos de conducción. Es un reglamento vergonzante”, disparó Lenz.
El nuevo régimen laboral que firmaron los gremios del sector y que entró en vigencia en febrero comienza a implementarse a partir de este 1 de julio, por lo que la situación de los trabajadores del Organismo es crítica. Lenz también remarcó que las mesas de negociación del reglamento se dieron cuando la mayoría del personal se encontraba de licencia.
“Lo activaron en febrero con el decreto del gobernador (bonaerense, Axel) Kicillof, justo cuando estábamos todos relajados por el receso. Fue una jugada calculada”, subrayó Lenz y agregó: “Andrea Cáceres y Larroque quieren imponer este esquema como sea. El director provincial dijo en reuniones que el decreto entra en vigor le guste a quien le guste, y que el que no está de acuerdo puede renunciar. Eso no es gestión, es autoritarismo”.
Además, el secretario de minoridad en el Sindicato de Trabajadores de Auxiliares No Docentes y Minoridad (STANDAYM) señaló que las escasas instancias de formación para acceder a cargos son “simulacros cerrados para poner a gente obediente”. Según detalló el trabajador, se arman cursos restringidos con criterios predefinidos, y luego se usan como requisito para concursar cargos que ya tienen dueño.

Frente a ese escenario, el referente impulsó la participación de los trabajadores STANDAYM, con inscripción simple, para dar respaldo legal a medidas de protesta que los gremios tradicionales no avalan. “Los acuerdos paritarios los firma el que tiene más afiliados, por eso nos boicotean. Promueven desafiliaciones y operaciones para que no podamos crecer”, denunció.
En las últimas semanas los centros de detención de menores fueron foco de graves motines que ponen en riesgo a los dos mil trabajadores del sector y a los propios jóvenes que se encuentran alojados allí. Ante esto, Lenz aclaró que éste tipo de hecho se producen estacionalmente pero que no dependen de un factor puntual.
Lenz advirtió que están evaluando medidas judiciales para frenar la entrada en vigencia del decreto, aseguró que pese a las convocatorias laborales que pueden realizar, van a ir a la Justicia. “No vamos a quedarnos callados mientras destruyen los derechos laborales y la política pública de niñez en la provincia”, sostuvo.
Por último, el secretario de minoridad aclaró que no es de su interés personificar la lucha que encabeza bajo los nombres de Kicillof y Larroque, sino que apunta a todo aquel que pueda perjudicar el trabajo en el sector. “Yo vengo a plantear el rey está desnudo”, aclaró Lenz y agregó que el objetivo es evitar el deterioro general del Organismo.
Irregularidades contables en Niñez en la gestión Larroque
Si bien, el secretario de minoridad aclaró que en diálogo con este medio que el deterioro que hay en el sector incrementa a diario, también precisó que “la gestión Kicillof y Larroque es la peor de todas”, por el malestar que sufren los trabajadores y el trato que reciben los propios jóvenes alojados en los Centros de Menores.

Por caso, además del cambio de régimen, Lenz denunció una red de irregularidades en la administración de los centros de niñez. “El OPNyA es una caja donde todos meten mano para financiar la política”, sentenció, y agregó que “aumentaron el presupuesto, pero lo licúan. No llega ni a los trabajadores ni a los pibes”.
En esta línea, el trabajador señaló los contratos de viandas están calculadas con una cierta diferencia, por lo menos llamativa y destacó que “en Lomas, entre trabajadores y chicos no hay ni 60 personas, pero se firman 95 raciones diarias”. El directivo también apuntó contra el pago de horas extras infladas y la asignación de personal policial que no cumple tareas reales.
Actualmente, según describió Lenz, hay 784 jóvenes en situación de encierro y unos 2.000 bajo medidas alternativas, en un sistema “colapsado y desbordado”, que dependen de 4.000 con trabajadores “desgastados y vulnerados”. “El deterioro es sistemático, pero esta gestión se encargó de acelerar el saqueo”, afirmó.





