En las últimas horas, la Legislatura bonaerense desempolvó en la comisión de Trabajo un viejo proyecto de la diputada de Unión por la Patria, Susana González, la cual propone la incorporación de un cupo laboral para jóvenes que egresan de los hogares convivenciales.
En este sentido, la diputada González que promueve el proyecto de cupo laboral para los egresados de hogares convivenciales desde el año 2020, señaló que “unos 1500 adolescentes sin apoyo familiar ingresan al sistema de cuidados del Estado y, al cumplir 18 años, quedan sin techo ni recursos para sobrevivir”.
Es preciso mencionar que, bajo la Ley 13.289, la provincia de Buenos Aires tiene institucionaliza la figura de los hogares convivenciales, y debe velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que, por una causa u otra, no pueden ser acogidos por sus familias de origen.
“Estamos acostumbrados a ver el egreso como un acontecimiento feliz, pero en este caso, quienes egresan de un sistema de contención quedan desprotegidos, sin techo ni recursos. No podemos hablar de felicidad”, sostuvo la diputada bonaerense Soledad Alonso, que preside la Comisión de Trabajo de la Legislatura bonaerense.
Según consignó Alonso, en la comisión de Trabajo de la Legislatura bonaerense entendieron como “urgente” el tratamiento del proyecto de cupo laboral, al argumentar que “de un día para el otro estos jóvenes que viven en hogares convivenciales quedan expuestos a la mayor de las vulnerabilidades y tienen que luchar para subsistir sin ayuda estatal”.
En este contexto, el primer artículo del proyecto que fue aprobado por la comisión de Trabajo señala que los tres poderes del sector público de la provincia de Buenos Aires, las empresas estatales y no estatales creadas por Ley, las subsidiadas por el Estado y las privadas, deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal a jóvenes egresados de hogares convivenciales.
Asimismo, el escrito comprende que los jóvenes deben cumplir con las condiciones de idoneidad para el puesto de trabajo requerido, aunque contarán con un especial amparo en esta futura ley, ya que los egresados de hogares convivenciales tendrán prioridad en las vacantes de empresas privadas que participen de los programas de inserción laboral impulsados por el Estado bonaerense.
Entre otras cosas, el proyecto contempla que las empresas públicas, privadas y los tres poderes que componen a la provincia de Buenos Aires deben reservar puestos de trabajo permanentes, temporarios o transitorios a ser exclusivamente ocupados por el sector poblacional al que está orientado la ley, con el objetivo de promover la igualdad real de oportunidades de empleo.
Por caso, el texto advierte que el 45,8% de los jóvenes egresados de hogares convivenciales agravan su situación de pobreza al salir de la tutela estatal frente a la imposibilidad de conseguir un empleo formal.
“Con el objetivo de dar solución a esa situación de desvalimiento e incertidumbre frente a la vida, es necesario acompañar a esa franja de jóvenes más allá de los 18 años en la planificación de su vida autónoma, brindándoles herramientas que propendan a la construcción de esa independencia, no pudiendo el Estado estar al margen de esa problemática”, argumenta el proyecto.
