El senador bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, que integra el bloque Hechos – UCR Identidad, presentó un pedido de informes para exigir explicaciones al gobernador Axel Kicillof por los presuntos pagos irregulares en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La iniciativa ingresó a la Cámara alta provincial luego del comunicado oficial difundido por el organismo del Claudio “Chiqui” Tapia en el que reconocieron “significativas erogaciones en concepto de dádivas disfrazadas de pautas publicitarias”, una situación que, según el legislador, reviste gravedad institucional y requiere precisiones administrativas, jurídicas y financieras por parte del Ejecutivo.
En los fundamentos del proyecto, Leguizamón sostiene que el pedido resulta imprescindible debido a que el comunicado fue suscripto por el presidente del ente, y en él se admiten públicamente hechos que, de ser ciertos, podrían configurar conductas tipificadas en el Código Penal. De esta manera, el senador enfatizó que “no se trata de apreciaciones políticas genéricas, sino de la descripción concreta de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos”.
En tanto, el texto legislativo remarca que en el comunicado se afirma haber detectado pagos realizados sin causa, sin contraprestación formal y sin conocimiento del Directorio ni de la Comisión Fiscalizadora, circunstancias que comprometen la responsabilidad institucional del organismo. Por eso, el proyecto de Leguizamón solicita que se informe si el comunicado reviste carácter oficial, cuál es el expediente administrativo que le dio origen, qué áreas intervinieron en su elaboración y qué actos administrativos lo respaldan.
Además, el senador exige que se detalle el monto total de las erogaciones observadas por el CEAMSE, el período alcanzado por la revisión, la identificación de los medios o personas beneficiarias, la modalidad de contratación utilizada y las autoridades intervinientes en cada caso, al tiempo que pide que se informe si existieron responsabilidades administrativas detectadas y si se promovieron denuncias administrativas, civiles o penales a partir de los hechos relatados.
En su argumentación, Leguizamón advierte que cuando un presidente de un ente estatal habla de “dádivas” no alude a una irregularidad menor, sino a un posible delito previsto en el artículo 259 del Código Penal, por lo que considera alarmante que semejantes afirmaciones se hayan realizado a través de redes sociales sin que se haya informado paralelamente la intervención de la Justicia ni la adopción de medidas formales de esclarecimiento.
Además, el proyecto cuestiona que el comunicado del CEAMSE intente desplazar responsabilidades hacia una “gestión anterior” impulsada por la actual administración provincial sin precisar montos, expedientes ni actos administrativos concretos. Es que, para Leguizamón, esa ambigüedad “no esclarece los hechos, sino que agrava la sospecha” sobre el funcionamiento histórico del organismo y, al mismo tiempo, deja interrogantes sobre la actuación de la conducción de Tapia.
En ese marco, Leguizamón solicita información sobre la decisión de dejar sin efecto las erogaciones mencionadas, incluyendo el acto administrativo que dispuso esa medida, la fecha de adopción y el impacto económico estimado de la rescisión o cancelación de esos gastos, y requiere detalles sobre el Comité de Ética y Conducta al que se alude en el comunicado, su creación, integrantes, funciones y actuaciones realizadas, así como sobre el “mapeo de riesgos” en materia de prevención de la corrupción.
Es preciso mencionar que, el contexto del pedido se vincula con el comunicado difundido por el CEAMSE, en el que se explicó que, tras asumir Tapia el pasado 2 de enero de 2025, se revisaron decisiones adoptadas con anterioridad y se detectaron “erogaciones que no tenían correlato con avisos institucionales u operativos efectivamente emitidos en medios de comunicación”. Según el propio texto oficial, al avanzar en la indagación se logró la trazabilidad de pagos hacia un listado de periodistas que habrían recibido “recursos sin causa o contraprestación formal”.
De acuerdo con el comunicado, ante la falta de justificación de tales erogaciones, Tapia decidió dejarlas sin efecto al considerar que el organismo cuenta con un equipo propio para la comunicación institucional. Al mismo tiempo, el CEAMSE aclaró que esas cancelaciones no alcanzaban a las contrataciones históricas con medios que poseen instalaciones de transmisión en predios de la empresa, las cuales continúan bajo la modalidad de canje de segundos y con emisión verificable de publicidad institucional.
Estas revelaciones se produjeron en paralelo a la causa que tramita en la Justicia de Pilar, donde Tapia ratificó su rol de damnificado en una investigación por presunta extorsión que involucraría a dirigentes políticos y a un empresario, y en la que, según fuentes con acceso al expediente, la información sobre los beneficiarios de las pautas sería aportada a los tribunales bajo la sospecha de que podrían haber sido funcionales a esa red. En ese escenario, el pedido de informes presentado en el Senado bonaerense busca garantizar transparencia, control legislativo y rendición de cuentas sobre la administración de recursos públicos en un organismo clave para la gestión ambiental de la provincia.
