El senador bonaerense de Hechos – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley para crear un sistema de contingencia climática social en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de proteger a las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo frente a fenómenos meteorológicos extremos como olas de frío, calor intenso y otras emergencias climáticas.
“La iniciativa parte de una realidad social inocultable: el incremento sostenido de eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático impacta con especial crudeza sobre los sectores más vulnerables de la población, particularmente sobre quienes carecen de una vivienda adecuada, redes de contención o acceso garantizado a servicios básicos de protección social y sanitaria”, escribió Leguizamón en los fundamentos del escrito que ingresó al Senado bonaerense.
En ese marco, el senador de La Plata remarcó que las olas de frío polar, las temperaturas extremas, las alertas meteorológicas severas y las contingencias socio-ambientales dejan de constituir meros episodios climáticos excepcionales para transformarse en verdaderas emergencias humanitarias que requieren una respuesta por parte del Estado, en este caso bonaerense, que sea coordinada, rápida y permanente.
“En los últimos años, la provincia de Buenos Aires experimentó episodios reiterados de temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, con consecuencias graves para la salud pública. Las personas en situación de calle constituyen uno de los grupos de mayor exposición al riesgo, registrándose cada año casos de hipotermia, golpes de calor, deshidratación severa, internaciones e incluso fallecimientos evitables vinculados a la falta de dispositivos adecuados de resguardo y asistencia”, destacó el legislador de Hechos – UCR Identidad.
Por ese motivo, el proyecto de Leguizamón propone establecer un marco normativo preventivo y de emergencia para la protección integral de la vida, la salud y la dignidad de las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle ante la aparición de fenómenos meteorológicos de temperaturas extremas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
De esa manera, la iniciativa dispone que las acciones de contingencia se activen de manera automática cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita avisos dentro del Sistema de Alertas Tempranas para la provincia de Buenos Aires o alguna de sus regiones, mientras que la autoridad de aplicación podrá ampliar el nivel de respuesta preventiva cuando las circunstancias locales lo requieran, aun cuando no exista una señal nacional vigente.
Al mismo tiempo, el escrito establece que la comunicación oficial de las alertas deberá realizarse de forma inmediata a los 135 municipios bonaerenses mediante canales institucionales y sistemas digitales de emergencia. Una vez recibida la notificación, las comunas deberán poner en marcha los protocolos previstos en un plazo máximo de dos horas para alertas amarillas y de una hora para alertas naranjas o rojas.
Por otro lado, Leguizamón propone crear un Operativo Frío Extremo, que se activaría cuando la temperatura o sensación térmica sea igual o inferior a 5 grados a las 10 de la mañana, y un Operativo Calor Extremo que comenzará a aplicarse cuando la temperatura o sensación térmica supere los 35 grados durante dos días consecutivos.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario sostiene que la problemática “no puede analizarse únicamente desde una perspectiva asistencial o caritativa”, y afirma que se trata de una cuestión vinculada a derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud, la dignidad humana, la integridad física y el acceso a condiciones mínimas de subsistencia reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense y diversos tratados internacionales a los que la Argentina adhiere.
Por caso, Leguizamón hace especial hincapié en la necesidad de institucionalizar mecanismos automáticos de activación de contingencias a partir de las alertas emitidas por el SMN, lo que permitiría superar la improvisación administrativa y las respuestas tardías que históricamente caracterizaron la actuación estatal frente a eventos extremos.
“La iniciativa incorpora además una perspectiva moderna e integral de gestión del riesgo climático social. No se limita únicamente a la apertura de refugios, sino que contempla dispositivos múltiples de intervención territorial: unidades móviles sanitarias y sociales, centros climatizados, puntos de hidratación urbana y rural, provisión de alimentos hiperproteicos, distribución de insumos preventivos y mecanismos de alojamiento extraordinario mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil”, remarca el legislador en los fundamentos.
Es que, el proyecto pone el foco en la falta de estadísticas oficiales sistemáticas sobre personas en situación de calle, y señala que la ausencia de información confiable, georreferenciada y actualizada “dificulta la elaboración de estrategias eficaces de prevención, asistencia y seguimiento”. Por eso, Leguizamón propone indicadores obligatorios, monitoreo permanente e informes anuales de gestión, además de la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática Social que garantice financiamiento estable y capacidad operativa ante este tipo de contingencias.
“La experiencia comparada demuestra que los sistemas de alerta temprana y respuesta integral frente a eventos climáticos extremos constituyen hoy herramientas indispensables de gestión pública. Diversas ciudades y regiones del mundo han desarrollado protocolos específicos de frío y calor extremo, incorporando dispositivos móviles, refugios climáticos, redes comunitarias de asistencia y sistemas digitales de monitoreo en tiempo real”, expuso Leguizamón, que recuperó experiencias internacionales para respaldar su postura.
Por último, el senador destacó que la presentación del proyecto de ley parte de la premisa de que ninguna persona debe morir, enfermar gravemente o quedar abandonada por razones climáticas, en una provincia como la de Buenos Aires que, según expuso, cuenta con las herramientas institucionales para prevenirlo. “La indiferencia estatal frente a situaciones de extrema vulnerabilidad no puede naturalizarse ni quedar librada a respuestas improvisadas o voluntaristas. El Estado tiene el deber jurídico, ético y político de actuar anticipadamente para proteger la vida y la dignidad humana”, concluyó Leguizamón.
