En la previa de las elecciones bonaerenses, el senador provincial del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de veda electoral digital en la provincia de Buenos Aires, y plantea la necesidad de regular el uso de redes sociales y plataformas digitales en la antesala de los comicios, con el objetivo de garantizar la transparencia, la legitimidad y la integridad del proceso democrático.
La iniciativa ingresada por Leguizamón a la Legislatura bonaerense establece que durante las 48 horas previas a la votación y hasta tres horas después del cierre de los comicios quedará prohibida la difusión de contenidos que sean falsos, engañosos o manipulados y que puedan afectar la decisión del electorado. Esta veda electoral digital alcanzaría a partidos políticos, candidatos, agencias de comunicación, medios digitales, usuarios individuales y empresas que operen en el ecosistema digital.
En ese sentido, el proyecto también prevé sanciones para quienes incumplan la veda electoral digital que incluyen multas económicas, inhabilitaciones para ocupar cargos públicos e incluso restricciones para contratar con el Estado provincial. Además, Leguizamón busca dejar en claro que la regulación no está orientada a restringir la libertad de expresión, sino a limitar los abusos vinculados a la manipulación en redes sociales.
Entre los contenidos que se prohibirían con la aprobación del proyecto, se encuentran las encuestas difundidas fuera de término, el uso de algoritmos y bots para amplificar mensajes falsos, la difusión de imágenes o audios adulterados, y la circulación de deep fakes sin advertencias claras sobre su carácter ficticio. Según los fundamentos, estas prácticas “atentan contra el derecho a una información veraz” y distorsionan el debate público.
Para el control de este nuevo marco legal, Leguizamón propone la creación del Ente Provincial de Comunicaciones Digitales (EPCD), un organismo descentralizado y con autarquía técnica que tendrá la misión de monitorear las redes y medios digitales durante el período de veda electoral digital.
De esta manera, el ente coordinaría con organismos nacionales e internacionales para detectar maniobras de desinformación, y también estará habilitado a recibir denuncias de ciudadanos y partidos en caso de que los mismos detecten un incumplimiento de la veda electoral.
Al mismo tiempo, el EPCD tendría facultades para actuar de oficio ante la detección de contenidos prohibidos, ya que su tarea incluiría el contacto con plataformas digitales para solicitar la baja de publicaciones que infrinjan la normativa, así como la elaboración de informes públicos sobre el desarrollo del proceso electoral en el plano digital.
En los fundamentos del proyecto, Leguizamón sostiene que la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial abrieron un escenario donde la manipulación de información puede incidir de manera decisiva en la opinión pública, por lo que resulta necesario adecuar la legislación provincial a los desafíos de la era digital.
“No se trata de censurar sino de proteger el debate democrático de la distorsión y la mentira”, señala el texto del legislador, que advierte que la proliferación de fake news, montajes audiovisuales y campañas coordinadas de desinformación han demostrado su capacidad de influir en procesos electorales de otros países, lo que obliga a la Argentina y la provincia de Buenos Aires a anticiparse para evitar que esos fenómenos se instalen.
La propuesta para oficializar la veda electoral digital también contempla mecanismos de transparencia para evitar abusos en la aplicación de la ley, como la creación de un registro público de sanciones, informes periódicos de gestión del EPCD y la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para cuestionar decisiones del ente regulador.
Con este proyecto, Leguizamón busca abrir un debate en la Legislatura bonaerense sobre el impacto de la desinformación digital en la democracia y plantea que, en un contexto de creciente influencia de las redes sociales en la política, el Estado debe asumir un rol activo para garantizar que el voto ciudadano se exprese libre de manipulaciones y campañas coordinadas de noticias falsas.
