Ante la dilatación del debate, y la urgencia por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), La Libertad Avanza (LLA) cedió ante los 45 cambios propuestos por la oposición dialoguista y destrabó este jueves los dictámenes de mayoría de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.
Si bien los acuerdos se terminaron de cerrar el miércoles por la tarde-noche, cuando el oficialismo sumó 45 modificaciones a la batería de reformas impulsada desde el Ejecutivo nacional, 29 en la Ley Bases y 16 en el Paquete Fiscal, fue este jueves cuando la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, confirmó a través de sus redes sociales la tan ansiada victoria del oficialismo en el Senado de la Nación.
“Tenemos dictamen en la Ley Bases y en el Paquete Fiscal, quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el Jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del Senado que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para que el Presidente Javier Milei tenga las leyes que envió a nuestro Senado. Orgullosa de quienes me acompañan día a día”, escribió Villarruel a través de sus redes sociales.
De esta manera, la vicepresidenta de la Nación se redime ante el núcleo duro de Milei tras el rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, que desató una catarata de improperios a la titular de la Cámara de Senadores por parte de la militancia libertaria.
Es que, Villarruel junto al flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fueron los artífices de la victoria libertaria en el Senado de la Nación, al comenzar a ajustar las negociaciones dilatadas con la oposición dialoguista, algo que machacaban desde Casa Rosada al reciente eyectado Nicolás Posse, a quien señalaban como el “funcionario que no funcionaba”.
En concreto, fue el aumento de las regalías mineras para las provincias lo que terminó de saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño, José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% estos aportes.
Además, este jueves, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, uno de los puntos cruciales que venían reclamando los mandatarios y que el Gobierno se mostraba reticente a conceder.
Sin embargo, en el paquete de privatizaciones, el caballito de batalla libertario no sufrió modificaciones como pretendían muchos de los gobernadores patagónicos que solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina (RTA) de las privatizaciones totales, por lo que deberán llevar sus planteos al recinto.
Senado: los cambios en la Ley Bases que cedió el oficialismo
- Desregulación del Estado: se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse.
En concreto se agregaron; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
- Empleo público: se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
- Modernización laboral: a pesar de que un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado.
En concreto, a través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresen su voluntad en contrario.
- Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
- Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
– Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
– Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
– Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
– Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Senado: los cambios en el Paquete Fiscal que cedió el oficialismo
- Blanqueo de capitales: se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados, ya que la redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
– Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
– Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
– Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
– Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
– Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
- Impuesto a las Ganancias: se incrementó a 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos. Técnicamente, no se cambiaron los montos de las escalas sino que se prevé un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros.
– Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.
- Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
- Ley Minera: se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.
