En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó formalmente su rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que implica un “retroceso” en materia de protección ambiental, postura que fue planteada durante una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde se debatió la iniciativa.
En representación del distrito, la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense, Tamara Basteiro, advirtió que “en términos jurídicos, el proyecto para modificar la Ley de Glaciares es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú”, tratado internacional suscripto por la Argentina, y sostuvo además que la propuesta “vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
En ese sentido, la funcionaria del COFEMA remarcó que el debate sobre la Ley de Glaciares se da en un contexto internacional atravesado por la crisis climática, escenario en el que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertan sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares, lo que a su entender exige reforzar y no debilitar los estándares de protección vigentes.
En la misma línea, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar, afirmó que la protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua, y subrayó que cualquier modificación normativa debe garantizar estándares ambientales más altos sin retroceder en los ya alcanzados.
“Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica. No podemos permitir esta flexibilización ambiental para que empresas extranjeras la destruyan”, enfatizó Villar al fijar la posición del Gobierno bonaerense frente a la propuesta que se comenzó a debatir este jueves en el Senado nacional.
En tanto, desde el Gobierno bonaerense difundieron un comunicado en el que señalaron que, entre votos negativos, abstenciones y ausencias, el Gobierno nacional no logró el apoyo del COFEMA para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, lo que “evidencia la falta de consenso federal en torno a una reforma que debilita las herramientas claves de protección ambiental”.
Es preciso mencionar que, fue el Gobierno de la provincia de Buenos Aires el que impulsó mayoritariamente la postura contraria a la modificación de la Ley de Glaciares, y junto con otras jurisdicciones, promovió la invitación a organizaciones ambientales y técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para participar de la discusión.
De esta manera, el Gobierno bonaerense dejó sentada su posición institucional en el ámbito del COFEMA y reiteró su rechazo a cualquier cambio en la Ley de Glaciares que, a su entender, suponga una flexibilización de los estándares actuales de protección ambiental, en un contexto que calificó como especialmente sensible por la crisis climática global y la relevancia estratégica de los recursos hídricos.
Qué dice la Ley de Glaciares sancionada en 2010
Es preciso mencionar que, la Ley de Glaciares sancionada en 2010 define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.
En tanto, el artículo 6 de la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua de los glaciares, así como el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
Al mismo tiempo, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la Ley de Glaciares creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo, tarea que lleva adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, un organismo que depende del Conicet.
Por caso, de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces a la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes, mientras que solo 890 están en las Islas del Atlántico Sur.
Si bien el documento es de 2018 y la primera actualización se presentó en 2024, pero solo con datos de la región Andes Desérticos (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan), se espera que en el corto plazo se den a conocer los datos de la región Andes Central (sur de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén).
No obstante, el inventario relevó solo glaciares mayores a una hectárea y, dentro del ambiente periglacial, únicamente a los glaciares de escombros, es decir, aquellos cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca, porque son los que pueden identificarse mediante imágenes satelitales y verificación en campo.
Ley de Glaciares: qué cambios busca establecer el Gobierno
En tanto, el proyecto que hoy trata la Cámara de Senadores propone redefinir el alcance del ambiente periglacial. De esta manera, la iniciativa establece que solo quedarán protegidas aquellas formaciones cuya función hídrica sea “relevante y comprobable”, al tiempo que otorga mayor protagonismo a las provincias para determinar qué áreas constituyen reservas estratégicas y aprobar estudios de impacto ambiental para actividades como minería e hidrocarburos.
De aprobarse el proyecto, la principal diferencia radicará en quién tendrá la autoridad para definir las zonas protegidas. Es que, el escrito del Gobierno nacional transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas deben preservarse, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Senado también tiene en sus manos la posibilidad de avanzar con la propuesta alternativa de los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), que otorga mayor poder técnico al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales para definir el alcance del Inventario Nacional de Glaciares.
