El gobierno de Javier Milei introdujo este martes una serie de cambios al proyecto de ley de tierras con el objetivo de garantizar los votos necesarios para su aprobación en el Senado nacional, luego de que la iniciativa original encontrara fuertes resistencias entre bloques dialoguistas y sectores de la oposición.
Las modificaciones fueron anunciadas por la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien explicó que el nuevo dictamen de la ley de tierras incorpora límites que no figuraban en la versión inicial del texto. La intención del oficialismo es llegar fortalecido a la sesión convocada para este jueves y evitar una nueva derrota parlamentaria.
El principal cambio recae sobre el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Mientras que el proyecto original eliminaba las restricciones vigentes, el nuevo dictamen establece un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental que podrá quedar en manos de capitales extranjeros.
“Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto“, afirmó Bullrich durante una conferencia de prensa, al presentar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional.
En la misma línea, la legisladora explicó que las personas jurídicas, agrupaciones empresariales, uniones transitorias y demás entidades que cuenten con participación estatal, ya sea directa o indirecta, deberán obtener una autorización conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente para concretar la adquisición de tierras rurales.
Asimismo, el nuevo dictamen de la ley de tierras incorpora mayores exigencias registrales. En ese sentido, dispone que toda compra de tierras rurales realizada por ciudadanos o empresas extranjeras deberá inscribirse en el registro inmobiliario de cada provincia, dejando constancia expresa de la identidad y nacionalidad del adquirente.
Ley de tierras: cambios en las expropiaciones
El dictamen de la ley de tierras también introduce modificaciones a la Ley Nacional de Expropiaciones. En particular, el Gobierno propone agregar precisiones al concepto de utilidad pública, estableciendo que esa declaración deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido.
Asimismo, el proyecto incorpora que toda expropiación deberá cumplir con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para alcanzar el fin invocado por el Estado, una modificación que el oficialismo presenta como una garantía adicional para los derechos de propiedad.
Las concesiones realizadas por la Casa Rosada responden al creciente rechazo que había generado la redacción original del proyecto, especialmente entre legisladores dialoguistas y dirigentes provinciales que advirtieron sobre los riesgos de avanzar hacia una apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Ley de tierras: cómo viene el poroteo en el Senado
Más allá de las modificaciones incorporadas a la ley de tierras, el oficialismo llegará al recinto con un escenario parlamentario extremadamente ajustado. Si bien La Libertad Avanza logró sellar un entendimiento con sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, el respaldo todavía no garantiza la aprobación de la ley y cada voto aparece como determinante para el resultado final.
En ese marco, la oposición también quedó atravesada por una controversia en torno a la posible ausencia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y solicitó autorización para participar de manera remota por indicación médica. La posibilidad abrió un debate sobre la validez del voto virtual en una sesión de estas características, en un contexto donde una sola ausencia podría inclinar la balanza.
A ese panorama se suma la incógnita sobre el rol que podría desempeñar la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya manifestó públicamente sus diferencias con el proyecto impulsado por la Casa Rosada. En caso de un empate, el Gobierno busca evitar que la titular del Senado tenga que definir la votación, motivo por el cual el presidente Javier Milei adelantó un viaje oficial al exterior para impedir que Villarruel quede al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión.
Con ese tablero, el acuerdo político alcanzado por Patricia Bullrich representa apenas el primer paso para el oficialismo. Ahora, el desafío será transformar ese entendimiento en una mayoría efectiva dentro del recinto, donde las ausencias, la modalidad de votación e incluso un eventual desempate podrían terminar siendo tan decisivos como el contenido de la propia ley.
