La Sociedad Rural Argentina (SRA) cargó este martes contra una serie de artículos del proyecto de Ley Impositiva presentados por el gobierno de Axel Kicillof, al advertir que “traslada facultades al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta a la previsibilidad” en la provincia de Buenos Aires.
Luego de que el oficialismo le pusiera fecha al debate del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva en la Legislatura bonaerense (26 de noviembre), la entidad rural presidida por Nicolás Pino puso el foco en los artículos 133 y 167 de la nueva Ley Fiscal, en los que denunciaron “ausencia de parámetros claros”.
En primer término, la Sociedad Rural advirtió que el artículo 133 “habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”.
En detalle, dicho artículo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la asignación de valores básicos para la tierra libre de mejoras en las Plantas Rural y Subrural, período en el cual el Gobierno podrá realizar tareas de revalúo y “establecer la mutación de valores en el mercado inmobiliario”.
En tanto, el artículo 167 refiere al Impuesto Inmobiliario. “Permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación. El esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”, remarcaron desde la Sociedad Rural.
“Los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal prorrogada en diciembre del año pasado. Instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, concluyeron desde la entidad rural.
Es preciso mencionar que, días atrás la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió la decisión del gobierno de Axel Kicillof de aplicar un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, en un contexto donde “millones de hectáreas permaneces bajo el agua”.
En ese marco, las autoridades de CARBAP hicieron un llamado a los diputados y senadores bonaerenses a “defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”, durante la discusión del paquete de leyes que Kicillof envió recientemente en la Legislatura, entre el que se incluye la Ley Impositiva 2026.
Con relación al debate legislativo, la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense este martes despachó por mayoría el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva que presentó el gobernador Axel Kicillof, pero la oposición presentó un dictamen en minoría y logró tumbar el endeudamiento por hasta USD 3.685.
Haciendo uso de su mayoría, los ocho diputados del peronismo que forman parte de la comisión lograron despachar con creces el texto del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva. No obstante, como para el endeudamiento se necesitan dos tercios, es decir 10 manos, el oficialismo postergó para el martes de la semana que viene el debate por la Ley de Financiamiento para seguir negociando con la oposición.
En su dictamen de minoría, las bancadas opositoras buscan garantizar “equilibrio fiscal y responsabilidad en el gasto”, políticas públicas sostenibles y con prioridad social, incorporar la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para las billeteras virtuales, y dotar de beneficios impositivos para productores inundados.
El comunicado de la SRA contra dos artículos de la Ley Impositiva de Kicillof
Advertimos que el proyecto presentado traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia.
En particular, señalamos que el Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva.
Por otro lado, el artículo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación. El esquema de bonificaciones mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley.
La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo.
Por último, seguimos advirtiendo que estamos inmersos en el mencionado debate en momentos donde miles de hectáreas están bajo agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación.
Además, los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires.
