La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió en las últimas horas la decisión del gobierno de Axel Kicillof de aplicar un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, en un contexto donde “millones de hectáreas permaneces bajo el agua”.
A través de un comunicado, la entidad agropecuaria presidida por Ignacio Kovarsky calificó la decisión del Ejecutivo como “ilegal e improcedente”, puesto que se realizó el aumento en la cuota del Inmobiliario Rural con una Ley Impositiva prorrogada, tras lo cual solicitaron “la inmediata marcha atrás de esta medida”.
“Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la provincia ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, y con caminos rurales y rutas intransitables”, protestaron desde CARBAP.
En ese sentido, desde la entidad hicieron referencia a que el aumento en el Inmobiliario Rural que en 2024 superó el 200% establecido en la última Ley Impositiva por la quita de los beneficios de buen contribuyente. “En lugar de solidarizarse, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”, expresaron.
Según un informe de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Tras las lluvias de principios de noviembre, esta situación se agravó, principalmente en los municipios de la Cuarta sección como Bragado y Nueve de Julio.
En ese marco, las autoridades de CARBAP hicieron un llamado a los diputados y senadores bonaerenses a “defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”, durante la discusión del paquete de leyes que Kicillof envió recientemente en la Legislatura, entre el que se incluye la Ley Impositiva 2026.
Según el proyecto del Ejecutivo bonaerense, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelarán los parámetros de cálculo para 2026, con el fin de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios.
No obstante, las principales cámaras industriales de la provincia de Buenos Aires elevaron un fuerte reclamo al Gobierno bonaerense por el peso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la nueva Ley Impositiva 2026. Las entidades advirtieron que el esquema vigente “penaliza la producción y la generación de empleo”, y reclamaron una actualización de la base no imponible y una revisión de las alícuotas.
El comunicado CARBAP contra el aumento en el Inmobiliario Rural
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifiesta su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de aplicar, mediante el artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural, conocido como la “quinta cuota”, mediante la duplicación del valor de la cuarta cuota.
Esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva.
Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre.
En lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia.
Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria.
