La Liga de gobernadores del país, se pronunciaron en contra de la represión en Jujuy que se registraron en los últimos días luego de las manifestaciones que se dieron en la provincia en rechazo a la reforma constitucional de la provincia, que entre otras cosas apuntaba a la prohibición de los reclamos sociales que afecten al tránsito.
“Los y las gobernadoras de la Liga expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño”, reza el comunicado emitido, al tiempo que sostiene que “la democracia y el federalismo se construye sin violencia”.
Cabe mencionar que, en las últimas horas diversos gremios y organizaciones anunciaron que las movilizaciones se replicarán en diversas partes del país, en solidaridad con las personas que fueron sufrieron la represión en Jujuy este martes en las inmediaciones de la legislatura local, cuando intentaban frenar la reforma constitucional.
“Este año celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Argentina”, recordaron los gobernadores provinciales en el comunicado en el que manifestaron su repudio contra la represión en Jujuy, lo cual va en línea con las palabras que emitieron diferentes dirigentes del Partido Justicialista y el Frente de Izquierda.
“Es muy doloroso observar cómo nuevamente se presentan al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas”, lamenta el comunicado emitido por la liga de gobernadores que repudió la represión en Jujuy.
Para finalizar, la liga de gobernadores del PJ, abogaron “por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y jujeñas”, aunque son varias las personas que se reportaron heridas producto de la represión en Jujuy y aún se continúan realizando movilizaciones en la provincia.
Por su parte, el gobernador, Gerardo Morales, continúa desentendiéndose de los hechos de represión en Jujuy, y apunta directamente a buscar responsables sobre las manifestaciones que se dieron este martes que tenía por objetivo paralizar la reforma constitucional en la provincia.
