En las últimas horas, el diputado bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto para rechazar la privatización de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener S.A.), en el que denunció que durante la distribución de dividendos por más de $253.500 millones se utilizaron fondos públicos para financiar y amortizar la compra de las acciones.
La iniciativa pone el foco sobre una operación que ya había generado cuestionamientos a partir de la distribución de $253.536 millones en dividendos, aprobada pocos días después de concretarse el cambio de control de la compañía. Según el proyecto de Lissalde, los nuevos grupos adquirentes están conformados por Genneia, Edison (vinculada a la familia Neuss), Newsan y el fondo Inverlat, mientras que la participación estatal, que estaba en manos de Enarsa, había sido transferida en el marco del proceso de privatización.
La polémica se originó en la propia estructura de la operación, ya que el Estado nacional vendió su participación en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A (Citelec), la sociedad que controla Transener, al consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, que desembolsó alrededor de US$356 millones por el 50% de la compañía.
Sin embargo, pocos días después de concretarse el cambio de control, los nuevos accionistas participaron en la distribución de los dividendos, de los cuales Edison Energía y Genneia recibieron en conjunto unos US$44,6 millones, mientras que Pampa Energía, que ya formaba parte de la estructura de control, obtuvo aproximadamente US$44,7 millones.
El punto que generó el cuestionamiento de Lissalde es el origen de esos dividendos y su relación con la venta. Según el legislador, el dinero distribuido provenía de reservas que la empresa tenía destinadas a futuros dividendos. El Estado había decidido preservar esas ganancias antes de desprenderse de su participación, pero finalmente no llegó a cobrarlas.
De esta manera, la discusión pasa por determinar si esas reservas fueron contempladas adecuadamente en el precio de venta de la participación estatal. Por su parte, desde el sector privado sostienen que los compradores adquirieron la compañía “con la caja adentro”, y que la distribución fue una decisión societaria posterior al cambio de control.
El planteo del legislador bonaerense se concentra especialmente en el origen de los fondos distribuidos y sostiene que el dinero salió de una cuenta de reservas destinada a futuros dividendos que había sido constituida en la asamblea del 30 de abril, cuando las acciones todavía estaban bajo la titularidad y administración del Estado nacional.
A partir de ese dato, Lissalde sostiene que los nuevos propietarios utilizaron fondos líquidos y reservas generadas por la propia Transener durante su etapa de gestión estatal para afrontar parte del desembolso realizado para adquirir las acciones. En el proyecto, el diputado califica la operatoria como una “escandalosa maniobra corporativa y financiera” y expresa su rechazo a lo que considera un perjuicio para los intereses públicos.
“Recientes investigaciones periodísticas y la documentación oficial remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sacaron a la luz una maniobra tan insólita como lesiva para los intereses públicos: el grupo empresario adquirente consumó una operación donde, a los pocos días de perfeccionarse la transferencia accionaria de la participación estatal en Citelec, el nuevo directorio resolvió la distribución de dividendos en efectivo por la friolera de 253.536 millones de pesos”, expuso Lissalde.
En esa línea, el proyecto del legislador peronista también manifiesta su extrema preocupación por el presunto vaciamiento operativo y el uso de recursos públicos estratégicos para subsidiar la transferencia de activos energéticos críticos a manos privadas, una situación que afectaría el patrimonio nacional y la soberanía energética tanto de la Argentina como de la provincia de Buenos Aires.
“Transener opera una red de más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en 500 kV que vertebra el sistema eléctrico de todo el país. Su rol es absolutamente medular para el funcionamiento del sistema interconectado, garantizando el abastecimiento industrial, comercial y residencial. Entregar una empresa de esta magnitud bajo lógicas especulativas donde el capital privado se financia con el ahorro y las reservas acumuladas por el Estado constituye un despojo inadmisible que vulnera los principios más elementales de la ética republicana y la transparencia administrativa”, remarcó Lissalde en el escrito.
Por último, el diputado vincula la situación con la provincia de Buenos Aires al señalar que la demanda eléctrica bonaerense depende de la estabilidad y robustez de la red de transporte en extra alta tensión,y sostiene que la transferencia de los activos energéticos a grupos económicos concentrados tiene impacto sobre la seguridad jurídica, el federalismo y el bienestar de los bonaerenses.
