La Libertad Avanza cerró un acuerdo con la oposición dialoguista para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves próximo. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para tratar la reforma del régimen penal juvenil durante el período extraordinario.
La definición final llegó tras una serie de negociaciones que destrabaron el principal punto de conflicto del proyecto. El Ejecutivo de Javier Milei había impulsado originalmente un piso de imputabilidad de 13 años, pero aceptó fijarlo en 14 para asegurar el acompañamiento de los bloques opositores que rechazaban el texto inicial.
“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, reconocieron desde las filas libertarias, tras el planteo del PRO y la Unión Cívica Radical, que anticiparon que solo respaldarían el dictamen firmado en mayo del año pasado y que nunca llegó al recinto.
Ante este panorama, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocó a una reunión con jefes de bloque de casi todo el arco parlamentario y las partes alcanzaron un acuerdo político. En ese marco, los espacios también definieron una hoja de ruta legislativa para reactivar el expediente, que perdió estado parlamentario en diciembre.
Según el cronograma consensuado, los dirigentes parlamentarios constituirán las comisiones correspondientes el martes próximo y ratificarán el dictamen aprobado en 2025 el miércoles siguiente. A continuación, el jueves 12, Diputados realizará la sesión especial convocada para debatir la reforma en el recinto.
Desde la bancada libertaria se muestran confiados con el número y aseguran contar con el respaldo necesario para habilitar el debate, al margen de un sector de Fuerza Patria y el Frente de Izquierda. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión”, deslizó un representante del oficialismo.
En tanto, el proyecto fija el mínimo de punibilidad en 14 años, con un régimen diferenciado para adolescentes. La iniciativa establece un tope de 15 años de condena para delitos graves y prioriza sanciones alternativas, como tareas comunitarias, medidas reparatorias y restricciones de contacto con las víctimas.
Durante la negociación, los bloques provinciales reclamaron que Nación asuma los costos que implicará la implementación del nuevo sistema en las jurisdicciones locales. Frente a ese planteo, el oficialismo aceptó incorporar una cláusula que habilita la firma de convenios entre el Estado nacional y las provincias que adhieran, para financiar su puesta en marcha.
Monteoliva cruzó a Kicillof y defendió la baja de imputabilidad
En la antesala del acuerdo político que habilitó el debate por la baja de imputabilidad, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y defendió el proyecto impulsado por La Libertad Avanza. La funcionaria advirtió que el diálogo institucional con la gestión de Axel Kicillof resulta complejo por las diferencias ideológicas en torno al Régimen Penal Juvenil.
Durante sus declaraciones, Monteoliva afirmó que no mantuvo conversaciones directas con el Gobernador bonaerense, aunque aclaró que sí existe articulación operativa con el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. En ese marco, la ministra remarcó que la cooperación técnica se mantiene activa en operativos vinculados al delito complejo, aun en un contexto de tensión política entre ambas administraciones.
Al defender la baja de la edad de imputabilidad, la titular de Seguridad sostuvo que la criminalidad juvenil responde a transformaciones estructurales del crimen organizado. Según la sucesora de Patricia Bullrich, las organizaciones delictivas incorporan menores en delitos de alto riesgo y avanzan con nuevas modalidades de reclutamiento, un escenario que volvió obsoleta la normativa vigente desde 1980.
“La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando”, afirmó Monteoliva, al tiempo que reclamó una reforma integral que combine sanción penal, prevención y políticas de reintegración social.
