La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Mónica Macha, manifestó su preocupación ante el avance en el Senado nacional del proyecto impulsado por Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias, una iniciativa que ya consiguió dictamen de comisión y quedó más cerca de llegar al recinto.
Según reclamó la dirigente de Nuevo Encuentro en los fundamentos de su presentación, la propuesta parte de una premisa equivocada al instalar la idea de que existe una utilización extendida de denuncias falsas en causas vinculadas a violencia de género, abusos sexuales y delitos contra niñas, niños y adolescentes.
“Para constituir tal diagnóstico no se aporta ningún elemento concreto, más allá de alguna casuística aislada y mal documentada, que acredite la narrativa descripta“, fustigó la legisladora, que mantiene una agenda centrada en las políticas de género y los derechos de las mujeres.
De acuerdo con el texto impulsado por la representante de Fuerza Patria, quienes promueven el endurecimiento de las penas no aportaron evidencia estadística suficiente que permita sostener la existencia de un fenómeno generalizado. Por el contrario, la senadora argumentó que los datos disponibles muestran una realidad muy diferente a la que describen los impulsores de la reforma.
Sobre este punto, Macha citó un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, organismo que relevó información judicial correspondiente al período 2023-2025 en 17 jurisdicciones del país.
Según el reporte de caracter oficial, las falsas denuncias representaron apenas el 0,09% de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas durante esos tres años.
A partir de estas cifras, la legisladora oficialista sostuvo que las falsas denuncias constituyen un “fenómeno marginal” dentro del sistema penal argentino y remarcó que los datos disponibles no muestran una problemática de la magnitud necesaria para justificar un endurecimiento de las penas o una reforma de la normativa vigente.
De hecho, según destacó la propia Macha en los fundamentos, las estadísticas existentes indican que la mayoría de las denuncias falsas registradas no guardan relación con hechos de violencia de género, uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes respaldan la iniciativa de Losada.
Por otra parte, la presentación bonaerense también retomó una advertencia formulada meses atrás por el Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina y por el Consejo Federal de Política Criminal.
“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, advirtieron ambos organismos a través de un comunicado.
En tanto, la preocupación expresada por la senadora bonaerense también se apoya en datos oficiales que reflejan las dificultades existentes para denunciar delitos de violencia sexual y por motivos de género. Según la Encuesta Nacional de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 88% de las víctimas no realiza denuncias ante las autoridades competentes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight, cerca del 45% de las mujeres argentinas sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida, aunque apenas una de cada cuatro recurrió a mecanismos institucionales de ayuda o formalizó una denuncia. Para Macha, los datos estadísticos muestran que el principal problema no radica en una supuesta proliferación de acusaciones falsas, sino en las barreras que todavía enfrentan numerosas víctimas para acceder al sistema judicial.
“La aprobación de una iniciativa de tales características, que propicia condenas que no serían excarcelables, que alcanza también a profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial, solo va a lograr desalentar denuncias cuando los datos muestran que ya son pocos los casos denunciados“, advirtió la dirigente moronense.
Finalmente, la legisladora advirtió que la propuesta impulsada por Losada no solo alcanza a quienes realizan denuncias, sino también a profesionales que intervienen como testigos o peritos durante los procesos judiciales. En consecuencia, la iniciativa nacional podría desalentar la participación de especialistas cuya intervención suele resultar determinante para acreditar hechos complejos vinculados con abusos o violencia de género.
Vale precisar que el debate por las denuncias falsas cobró una nueva dimensión pública tras el femicidio de Agostina Vega, el pasado 23 de mayo. La difusión de antecedentes vinculados al principal acusado del crimen reavivó las críticas hacia los discursos que ponen el foco en las denuncias falsas y reabrió una discusión sobre las consecuencias que podrían tener reformas legislativas de este tipo.
En ese contexto, durante la asamblea feminista convocada en la previa de la última movilización por el Ni Una Menos, Macha retomó parte de esos argumentos y profundizó sus cuestionamientos al proyecto que se debate en el Congreso. “Los tipos violentos y pedófilos, una vez que instalan las falsas denuncias, van a acusar a las mujeres de hacer falsas denuncias. Ese es el mecanismo”, sostuvo la senadora bonaerense.
Por su parte, Losada defendió públicamente el proyecto y sostuvo que la legislación vigente resulta insuficiente para sancionar a quienes realizan acusaciones falsas. Según argumentó la senadora radical, el endurecimiento de las penas permitiría desalentar este tipo de conductas, evitar investigaciones fraudulentas y optimizar el uso de los recursos judiciales, aunque ese planteo continúa generando cuestionamientos entre especialistas, referentes académicos y organismos vinculados a los derechos humanos.
