La senadora bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), Mónica Macha, presentó un proyecto para repudiar los 30 despidos en la panificadora de La Perla, ubicada en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.
Según Macha, al llegar a sus puestos habituales, personal de seguridad privada contratado por la firma les impidió a los trabajadores el acceso a la empresa. Entre los argumentos, esbozaron una “reestructuración” interna, sin comunicación previa.
“La empresa de panificados y panadería industrial, propiedad de la familia de Javier Ferrer, conocido millonario influencer, se encuentra a la fecha adeudando salarios, el pago de aguinaldos y las indemnizaciones correspondientes a los despedidos”, advirtió Macha.
Entre las denuncias, los trabajadores de la empresa de panificados La Perla denunciaron también graves irregularidades en los aportes y la seguridad laboral de los empleados, que todavía no fueron despedidos.
Al respecto, la senadora bonaerense recalcó que la pérdida de puestos de trabajo y el incumplimiento de las obligaciones laborales “constituyen una situación preocupante que requiere la intervención de los organismos competentes y el acompañamiento a los trabajadores”.
Por caso, Cristian, hornero con 14 años de antigüedad, contó que estando despedidos solamente habían cobrado una tercera parte del aguinaldo. Israel, otro operario con más de una década dentro de la compañía, describió que las deudas, la compra de alimentos y hasta la reposición de la garrafa se convirtieron en “un estrés constante”.
“Nos despidieron hace un mes y todavía no pagaron la indemnización”, relató uno de los trabajadores ante las cámaras del canal de noticias C5N, quien dio cuenta del impacto económico inmediato sobre familias que perdieron su principal ingreso.
Dictaron al conciliación obligatoria en la panificadora de La Perla
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y estableció que la compañía retrotraiga los despidos, garantice la continuidad de los puestos y asignación de tareas.
Si bien la intervención administrativa suspende temporalmente los efectos de las cesantías, pero no resuelve el reclamo por los salarios, aguinaldos, aportes e indemnizaciones que los trabajadores aseguran que continúan pendientes.
Vale precisar que, la reconocida panificadora de Tres de Febrero fue fundada en 1962 y retomó sus actividades después de atravesar una quiebra en 2001.
Según señalaron los trabajadores, la firma conserva canales de comercialización con supermercados, distribuye sus productos en distintos puntos del país y mantiene vínculos con la cadena Fiestíssima, argumento con el que rechazaron que los despidos respondieran exclusivamente a una crisis productiva.
