La diputada del bloque de la UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, presentó en las últimas horas en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear un registro de víctimas de estafas virtuales, en el ámbito del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Según alegó la legisladora del radicalismo, el avance de la tecnología trajo avances notorios para la sociedad, ya que la cercanía de lo virtual permite resolver trámites que de otra forma debería hacerse de manera presencial, con la consecuente demora de tiempos y costos para los ciudadanos.
Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, hubo como contrapartida nuevas modalidades de delitos como es el robo de identidad y las estafas virtuales. En ese marco, Malaisi propone crear el Registro Provincial.
“Nuestro país indefectiblemente debe avanzar en establecer en la legislación, formas de impedir y controlar algunas actividades por parte del Estado, estableciendo estándares de confianza y seguridad mínima”, argumentó la diputada radical.
Por caso, Malaisi puso como ejemplo que “en cualquier kiosco se venden chips pre pagos de telefonía móvil sin necesidad de dejar ningún dato por parte del comprador”. “Una línea telefónica que puede ser usada para contratar servicios, amenazar, extorsionar o estafar sin que existan los más mínimos controles por parte del Estado”, agregó.
De acuerdo a datos de la Asociación de Judiciales bonaerense entre los años 2022 y 2024 hubo un crecimiento exponencial de las estafas virtuales. En concreto, según el sondeo, la suba promedio fue del 94%, aunque hay juzgados donde creció al 200%.
“Frente a estas situaciones que se reproducen en todo el ámbito provincial, creo necesario que desde este poder legislativo demos claras y contundentes soluciones a estas problemáticas que vienen en aumento. Creo que un paso importante es crear esta ley”, cerró Malaisi.
En lo que respecta a la iniciativa, el Registro Provincial de Victimas de Robo y Sustracción de Identidad y de Estafas Virtuales (REPVIEV) estará orientado a todos aquellos usuarios que hayan realizado la correspondiente denuncia y que cuenten con una Investigación Penal Preparatoria (IPP) en curso.
Además, el texto de Malaisi permitirá que el Estado provincial ofrezca una línea telefónica gratuita y una página web para que los ciudadanos victimas de estafas virtual puedan realizar la denuncia.
En paralelo, la iniciativa obliga a las empresas de servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV que los chips sean abonados de manera obligatoria por transferencia bancaria, tarjeta de crédito y debido, así como la recarga de saldo.
