El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Juan Malpeli, presentó una ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en campañas electorales, con el objetivo de establecer reglas claras frente al avance de tecnologías capaces de generar contenidos falsos que se difunden en redes sociales para causar la “manipulación de la voluntad popular”.
En principio, el texto legislativo fija como objeto central “prevenir y sancionar la manipulación de la voluntad popular mediante el uso engañoso de Inteligencia Artificial (IA) y sistemas de generación sintética”. En ese sentido, Malpeli plantea una intervención concreta del Estado provincial para resguardar la transparencia del proceso democrático frente a prácticas que cada vez más utilizadas en épocas electorales.
En los fundamentos, Malpeli consideró que su proyecto apunta a proteger al sistema democrático y la identidad digital de las personas en la provincia de Buenos Aires a través de un marco conceptual, que vincula el desarrollo tecnológico con la necesidad de resguardar derechos fundamentales.
A partir de esta premisa, el planteo incorpora definiciones clave para delimitar el alcance de la norma, entre ellas la de “identidad digital”, entendida como el conjunto de rasgos biométricos, imagen, voz y gestualidad que permiten identificar a una persona. Asimismo, el texto define a los “deepfakes” como representaciones audiovisuales o sonoras generadas artificialmente que resultan verosímiles respecto de una persona real.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa radica en la obligación de advertir de manera explícita cuando un contenido fue generado o modificado mediante inteligencia artificial. El artículo correspondiente establece que toda publicación deberá incluir una leyenda clara, visible y permanente que indique que no fue creado directamente por una persona.
El proyecto también contempla la creación de una Comisión de Verificación de Identidad Digital (COVIDE) en el ámbito de la Junta Electoral bonaerense. El organismo estará integrado por representantes técnicos de las fuerzas políticas, especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y miembros de la autoridad comicial, lo que garantiza un abordaje plural y técnico de las denuncias.
En caso de detectarse contenidos manipulados que involucren a candidatos o funcionarios públicos, la COVIDE deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de 24 horas. Luego de esa evaluación, la Junta Electoral contará con 48 horas para ordenar el cese inmediato de la difusión del material y su eventual remoción de plataformas digitales.
Frente a estos casos, la presentación prevé una serie de sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, en línea con lo establecido por la normativa electoral vigente. Además, el esquema propuesto habilita la publicación de esas sanciones junto al contenido cuestionado, con el objetivo de transparentar las acciones y desalentar prácticas engañosas.
Dentro de los fundamentos, Malpeli sostuvo que la inteligencia artificial “ha venido para quedarse” y reconoce su impacto positivo en múltiples ámbitos. Sin embargo, el representante de la Octava sección advirtió que su uso inadecuado puede generar “engaños, desinformación y fraudes en muchos casos”, por lo que defendió la necesidad de una regulación específica.
El diputado oficialista plantea que estos riesgos adquieren una dimensión más grave durante las campañas electorales, donde la circulación de contenidos falsos puede alterar el sentido del voto. “Atentan contra el sistema democrático pues desinforman o provocan campañas sucias o engañosas”, señaló.
Sobre este punto, existen antecedentes relevantes de uso de deepfaking en la campaña legislativa porteña de 2025, cuando circuló un supuesto video de Mauricio Macri en el que anunciaba la baja de la candidatura de Silvia Lospennato, lo que generó confusión en redes sociales. Además, en 2023 apareció un video falso atribuido al entonces candidato presidencial Sergio Massa, que tuvo impacto en la conversación digital.
A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone un esquema de respuesta rápida con procedimientos ágiles que permita actuar antes de que el daño se amplifique. Según el articulado, resulta indispensable una intervención “oportuna y eficaz” para impedir que publicaciones engañosas permanezcan en circulación durante períodos prolongados.
En paralelo, la iniciativa se inscribe en un escenario legislativo donde distintos bloques políticos impulsaron propuestas vinculadas a la regulación de la IA en la provincia de Buenos Aires. Hace unas semanas, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un proyecto similar que busca se advierta cuando una imagen fue retocada, con el objetivo de desalentar estándares irreales vinculados a la imagen corporal.
“Al exigir transparencia en la edición digital, buscamos desarticular la reproducción de patrones estereotipados y mensajes que transmiten desigualdad y subordinación de la mujer a cánones de belleza irreales”, expresó Braga.
Por su parte, el presidente del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó una iniciativa orientada a regular los deepfakes mediante pautas específicas de consentimiento, identificación y responsabilidad sobre los contenidos. La propuesta busca establecer criterios claros para el uso de estas tecnologías, con el objetivo de limitar su utilización engañosa sin afectar el desarrollo de herramientas digitales.
Finalmente, otras iniciativas ponen el foco en el sistema educativo, como el proyecto del diputado renovador Carlos Puglelli, que propone la creación de un plan provincial para la enseñanza de inteligencia artificial en escuelas secundarias. En la misma línea, la senadora radical Eugenia Gil también impulsa la incorporación pedagógica de esta tecnología con un enfoque crítico y responsable.
