En medio del acalorado debate en el Senado bonaerense por el proyecto de La Cámpora para que la Provincia recupere la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, la legisladora marplatense de La Libertad Avanza, Cecilia Martínez, anticipó que la discusión podría trasladarse a la Justicia por el conflicto de titularidad que plantea la iniciativa.
Para Martínez, la discusión no pasa por desconocer el valor histórico de Chapadmalal, sino por definir cuál es el modelo de administración que debe aplicarse sobre el complejo. En ese sentido, diferenció la preservación patrimonial de la decisión de mantener bajo administración estatal los hoteles y predios.
“Chapadmalal tiene un valor histórico y patrimonial que hay que preservar, pero eso no es lo que está en discusión”, sostuvo la legisladora libertaria minutos antes de que el oficialismo consiguiera la aprobación del proyecto en el Senado bonaerense.
En este sentido, Martínez sostuvo que la protección del patrimonio no necesariamente implica que la administración deba permanecer exclusivamente en manos del Estado. “Chapadmalal está declarado por ley desde el año 2013 como monumento histórico patrimonial, y esa ley sigue estando vigente”, afirmó.
De esta manera, la senadora de La Libertad Avanza respaldó el esquema que impulsa el Gobierno nacional para el futuro del complejo. A comienzos de este año, la administración del presidente Javier Milei anunció que los nueve hoteles serían ofrecidos en concesión por 30 años con el objetivo de restaurarlos y elevar su nivel de funcionamiento.
“Lo que nos invita el Gobierno nacional es a mirarlo de otra manera. Estamos planteando una concesión con un plazo determinado, que es bastante corto, para traer inversión privada, restaurar esa cantidad de inmuebles que tienen muchísimo costo, ponerlo en valor y reducir la carga de mantenimiento por parte del Estado”, explicó Martínez.
Además, la legisladora puso el foco sobre el costo que históricamente tuvo para el Estado el funcionamiento del complejo. Durante su intervención, recordó datos del Observatorio de Turismo correspondientes a 2022 y señaló la diferencia entre el costo real de una estadía y el monto que abonaban los turistas.
Según los datos citados por Martínez, el valor por noche se ubicaba hace cuatro años por debajo de los 7.000 pesos, mientras que los usuarios pagaban entre 900 y 1.200 pesos. La diferencia era cubierta por el Estado, de acuerdo con los números expuestos por la senadora.
“Esa es la diferencia que estamos sacando de la bolsa de todos los argentinos. Porque por querer hacer turismo estamos haciendo que todos paguen las diferencias y la verdad que, en nuestra mirada, es una irresponsabilidad fiscal”, cuestionó la dirigente marplatense.
A partir de esos números, Martínez planteó cuál sería el impacto presupuestario de que la Provincia asumiera la administración y el mantenimiento del complejo. El proyecto aprobado por el Senado bonaerense establece que el Ejecutivo provincial podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la ley.
“¿Quién va a pagar todo esto? ¿Qué partida presupuestaria vamos a resignar para pagar todo esto?”, le preguntó la senadora libertaria a sus pares del oficialismo en plena sesión del Senado bonaerense.
Sin embargo, el principal cuestionamiento de Martínez estuvo relacionado con la titularidad de los terrenos y con el alcance jurídico de la iniciativa que promueve la camporista Fernanda Raverta. El proyecto instruye al Fiscal de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias para intentar recuperar los inmuebles.
“Porque el proyecto plantea algo que además tiene un escollo legal, al querer avanzar sobre la titularidad, lo cual deberíamos plantear una demanda judicial y deberíamos ganarla. Lo que no sabemos es cuánto cuesta ni cómo lo vamos a pagar”, advirtió Martínez.
Vale recordar que, la constitucionalidad del texto fue uno de los principales ejes de las objeciones opositoras durante el tratamiento legislativo. Durante el debate en comisiones, los senadores de la oposición votaron en contra, al afirmar que “una ley provincial no puede declarar la invalidez o ineficacia de actos administrativos dictados por autoridades nacionales”.
Con ese argumento, la senadora de La Libertad Avanza anticipó la posición que finalmente adoptó su espacio frente a la iniciativa de Raverta. “Por todo esto, nuestro bloque había planteado un despacho de rechazo y vamos a votar en contra este proyecto”, concluyó.
El proyecto aprobado por el Senado bonaerense establece, entre otros puntos, que la Provincia buscará recuperar la titularidad y administración de Chapadmalal, preservar su destino de turismo social e impulsar las acciones judiciales necesarias para obtener la restitución de los inmuebles. Ahora, la discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde volverán a enfrentarse dos modelos diferentes sobre el futuro del complejo.
