La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia en Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, por reformar los criterios de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, a horas del debut del combinado nacional en el Mundial de Fútbol.
Este martes, el Presidente modificó los decretos 222 y 588 de 2003, normas que habían sido impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner para dotar de mayor transparencia y participación ciudadana a la selección de magistrados.
La medida elimina una serie de instancias de control y observación pública previas a la nominación presidencial. “Estos mecanismos generaban una duplicación de procedimientos y demoraban la cobertura de vacantes en la Justicia”, alegaron desde el oficialismo.
En ese marco, la legisladora bonaerense camporista salió al cruce. “A horas de debutar la Selección, modifican el proceso de designación de los ministros de Corte Suprema, barriendo con uno de los primeros decretos de Néstor Kirchner”, advirtió.
“Así como la represión expone a los gobiernos que ajustan al pueblo, también lo hace la ilegalidad con que se manejan”, enfatizó Mayra Mendoza y agregó: “La Corte de los noventa, Macri intentando designar dos miembros por decreto y Milei imitándolo”.
En esa línea, Mayra Mendoza recordó que, a contra mano de lo que hicieron los gobiernos liberales, Néstor Kirchner “armo una Corte Suprema intachable“. “Tuvimos la mejor etapa para el pueblo, porque no hace faltar maniatar a la justicia cuando desde el gobierno se va a respetar, profundizar y reconocer derechos”, expresó.
“No es casual en un gobierno que acumula problemas: Libra y el propio presidente, Andis y su hermana, Adorni… Cuando acusan a los demás, en realidad se están mirando al espejo”, concluyó la legisladora bonaerense por la Tercera sección electoral.
Mayra Mendoza cuestionó a Milei por los criterios de la Corte Suprema: los detalles del decreto
Uno de los puntos que más controversia generó es la derogación del artículo 3° del Decreto 222/2003, que establecía criterios orientadores para la selección de integrantes de la Corte Suprema, entre ellos la búsqueda de una composición que reflejara la diversidad de género, especialidades y procedencias dentro del sistema judicial.
Sin embargo, con la modificación, el Ejecutivo nacional recuperó una mayor discrecionalidad para definir candidatos del máximo tribunal, sin la obligación de considerar esos parámetros.
Por tal motivo, distintos sectores judiciales y académicos advirtieron que la decisión de la administración mileísta implica un retroceso en materia de representación y equidad dentro de los máximos órganos de justicia.
El decreto también elimina las instancias de recepción de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia, reduce los mecanismos de publicidad previa y concentra el proceso en la decisión presidencial y el posterior tratamiento de los pliegos en el Senado.
Al respecto, especialistas señalaron que la reforma reduce espacios de discusión pública previos y debilita herramientas que durante más de dos décadas permitieron evaluar antecedentes, conflictos de interés y perfiles de los candidatos antes de su nominación formal.
