El Gobierno de Javier Milei eliminó la obligatoriedad de contratar vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para el traslado de funcionarios públicos y terceros vinculados al Estado nacional. La medida, oficializada mediante la Decisión Administrativa 1017/2024 publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo marco regulatorio que prioriza la “transparencia” y la competitividad en la contratación de servicios aéreos.
Esta decisión derogó la normativa anterior de la presidencia de Cristina Kirchner, contenida en la Decisión Administrativa 244/2013, que obligaba a las jurisdicciones y entidades del sector público a adquirir pasajes únicamente a través de OPTAR, una sociedad anónima perteneciente a Aerolíneas Argentinas, encargada de comercializar paquetes turísticos y vuelos. Según el régimen previo, los organismos estatales podían optar por otra aerolínea solo si la aerolínea de bandera no ofrecía vuelos directos o con conexiones razonables hacia el destino requerido, o carecía de disponibilidad en las fechas solicitadas.
En este marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicaron que esta reforma tiene como objetivo principal garantizar un sistema de contrataciones “más justo”, sustentado en licitaciones públicas y concursos. Este enfoque, argumentaron desde la administración Milei, fomenta la transparencia y promueve la participación de diferentes oferentes, lo que aumenta la probabilidad de obtener condiciones más favorables para satisfacer las necesidades del cuerpo estatal.
En los fundamentos de la nueva normativa, el Ejecutivo de Milei señaló que el régimen anterior contradecía los principios de promoción de la concurrencia, igualdad y publicidad que deben regir en las contrataciones públicas. “Las licitaciones o concursos públicos resultan ser los mecanismos que mejor resguardan estos principios, al ofrecer mayor pluralidad de opciones y garantizar que se seleccione la alternativa más conveniente”, argumenta el texto oficial.
Esta reforma coincide con un contexto de alta tensión entre el Gobierno y los sindicatos vinculados a Aerolíneas Argentinas. En noviembre, la aerolínea de bandera enfrentó paros sorpresivos que paralizaron sus operaciones en Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dejando a cientos de pasajeros varados y provocando la cancelación de decenas de vuelos. Los gremios, que exigen mejoras salariales y cambios en las condiciones laborales, llevaron adelante medidas de fuerza que complicaron aún más la relación con la administración de Milei.
Ante esta situación, el Presidente advirtió con cerrar la empresa o iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis si no se llegaba a una solución. Luego de varias negociaciones fallidas, finalmente se acordó otorgar un aumento salarial superior al 14% y discutir cambios en las condiciones laborales, en línea con las necesidades del sector.
Aerolíneas Argentinas: El “operativo desregulación” que impulsa el Gobierno de Milei
La flamante medida se enmarca dentro de la política de “cielos abiertos” impulsada por el presidente Javier Milei, que apunta a desregular el sector aéreo y reducir los “privilegios” otorgados a las empresas estatales. Este enfoque quedó plasmado en el Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública en varias áreas hasta 2025 y prohíbe al Estado otorgar ventajas en la contratación de bienes y servicios a empresas en las que tenga participación accionaria.
Entre las modificaciones propuestas, se destacó la eliminación de los pasajes en clase ejecutiva para pilotos y sus familias, y la revisión del uso de remises para trasladar al personal entre sus domicilios y los aeropuertos. También se planteó ajustar el cálculo de las horas de servicio, considerando el tiempo de traslado previo al inicio efectivo de la jornada laboral.
Vale recordar que en septiembre pasado, el Gobierno de Javier Milei avanzó en esta línea con la publicación de la decisión administrativa 888/2024, que introdujo normas específicas para optimizar los costos de los viajes oficiales. La medida exige priorizar los vuelos más económicos, justificar tanto el propósito del viaje como el número de integrantes de las comitivas, y cumplir con nuevos requisitos para el cobro de viáticos.
En ese sentido, la gestión nacional estableció que, para reducir costos, se debe optar por “la aerolínea que ofrezca la ruta más corta y la tarifa más adecuada, siempre que sea posible”. Además, la resolución oficial especifica que “los pasajes deberán emitirse con una misma aerolínea, para ida y vuelta, siempre que resulte la alternativa más económica, y deberán tener carácter de no endosables, siendo reintegrables únicamente en la oficina de origen”.
Con respecto a los viáticos y alojamientos en moneda extranjera, se determina que los montos serán calculados según la cotización de la divisa al día anterior a la partida, basándose en el tipo de cambio vendedor informado por el Banco Central. Asimismo, se aclara que, si las invitaciones incluyen cobertura de comidas, se liquidará un máximo del 50 % de los viáticos correspondientes. En caso de que las invitaciones cubran el alojamiento, no se otorgará ningún monto adicional por este concepto.
