El Gobierno nacional avanzará con un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La Casa Rosada definió esta estrategia luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara la apelación oficial y dispusiera la recomposición de los salarios docentes y nodocentes, junto con la actualización de las becas estudiantiles en todo el sistema público.
La administración de Javier Milei sostuvo su rechazo a la implementación de la normativa y anticipó que agotará todas las instancias judiciales disponibles para evitar su cumplimiento. En ese marco, funcionarios del Ejecutivo señalaron que avanzarán con un recurso federal extraordinario para que la Corte revise la sentencia y evalúe la constitucionalidad del fallo.
Vale precisar que esta semana, el tribunal de alzada rechazó la apelación oficial y cuestionó la consistencia de los argumentos presentados por la actual conducción nacional en detrimento de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Resultan poco serios los agravios presentados por el Estado”, afirmaron los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán al desestimar los planteos del oficialismo.
La resolución judicial obliga al Gobierno libertario a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la recomposición de los salarios docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Además, el fallo también dispone la actualización de las becas estudiantiles, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
En tanto, el conflicto se desató cuando la gestión de Javier Milei promulgó la norma sin asignar partidas presupuestarias y, poco después, suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025. Si bien el Congreso ratificó el Financiamiento Universitario tras rechazar el veto presidencial, el Ejecutivo sostuvo de forma reiterada que su implementación implicaría un fuerte impacto fiscal y que requería definir previamente sus fuentes de financiamiento.
Ante este escenario, el juez federal Martín Cormick resolvió en diciembre pasado la ejecución del nuevo marco normativo tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que contó con el respaldo de más de 40 universidades públicas y reforzó el carácter institucional del reclamo.
Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró la confirmación del fallo y reclamó su cumplimiento inmediato para desactivar el conflicto. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes”, advirtió el dirigente universitario.
En paralelo, desde Balcarce 50 apelaron la medida cautelar y anunciaron el envío de un proyecto para modificar la normativa vigente. En ese sentido, la Casa Rosada insistió en que la ley requiere una definición presupuestaria específica que debió incluirse durante el debate parlamentario y advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal.
La UNLP entra en paro mientras crece la tensión por el Financiamiento Universitario
En paralelo al fallo judicial que obliga al Gobierno a ejecutar el Financiamiento Universitario, el conflicto en las universidades sumará nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas. Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron un paro de dos semanas para abril, mientras que los trabajadores nodocentes también profundizan su reclamo por salarios y presupuesto.
En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) resolvió profundizar el plan de lucha tras una asamblea masiva realizada en la Facultad de Artes. “Denunciamos el desfinanciamiento del sistema universitario y exigimos la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresaron desde el gremio al ratificar la continuidad de las medidas.
Según detallaron las partes en conflicto, el cronograma incluye paros el 30 y 31 de marzo, el 1° y 4 de abril, del 27 al 30 de abril y el 2 de mayo inclusive, lo que implicará dos semanas completas de interrupción de actividades. De esta manera, el reclamo salarial del sector universitario impactará de lleno en el inicio del cuatrimestre en la UNLP y anticipa un mes marcado por la paralización del sistema.
Vale precisar que el escenario actual refleja un deterioro sostenido del sistema público universitario, por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del presupuesto. Con una reducción real cercana al 34% respecto a 2023, y una inversión proyectada de apenas 0,47% del PBI, las universidades nacionales advierten que el ajuste ya impacta en el funcionamiento académico, la investigación y el acceso a la educación pública.
