A partir de la entrada en vigor del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, las empresas ya no tendrán la obligación de realizar aportes económicos a las cámaras empresariales en el marco de los acuerdos colectivos de trabajo, lo que supone un alivio para muchas pymes y grandes empleadores que cuestionaban la obligatoriedad de estas contribuciones.
Según el Gobierno nacional, los aportes económicos que realizan las empresas a las distintas cámaras “carecen de base normativa”, y por lo tanto, las entidades que nuclean a los empresarios de los distintos rubros que operan en la Argentina no podrán seguir exigiendo contribuciones en futuros convenios laborales.
En tanto, el nuevo decreto establece que los acuerdos colectivos de trabajo que impongan contribuciones obligatorias a empresas no asociadas a cámaras empresariales no serán homologados por el Gobierno, lo que significa que esta práctica quedará eliminada en futuras negociaciones.
No obstante, los acuerdos ya firmados que le exigen aportes económicos para las cámaras a los empresarios seguirán vigentes, por lo que las contribuciones pactadas en ellos continuarán hasta la fecha de su expiración, aunque no podrán ser renovados tal y como se disponen ahora.
De acuerdo al discurso oficial del Gobierno nacional, el cambio en la reglamentación de las cámaras empresariales fue impulsado a partir de reclamos de diversas entidades gremiales empresarias que no recibían estos aportes, y que consideraban injusto que las empresas fueran obligadas a realizarlos sin estar asociadas a la cámara beneficiada.
En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a trabajar en el tema en septiembre del año pasado, con conversaciones con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para lograr la eliminación gradual de estos aportes.
Por caso, las pequeñas y medianas empresas fueron unas de las principales impulsoras de esta decisión del Gobierno, ya que consideran estos aportes como una “carga innecesaria”. En particular, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) fue una de las voces más críticas, al señalar la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados.
En septiembre del año pasado, la Cadam publicó un comunicado que expresaba: “Queremos mayor producción y empleo, y para lograrlo es necesario reducir los aportes a las cámaras, de los cuales no existe una rendición de cuentas pública sobre el destino de los más de $60.000 millones que se recaudan anualmente”.
En ese contexto, la entidad que nuclea a los distribuidores y autoservicios denunció que muchas de estas contribuciones obligatorias a las cámaras empresariales solo incrementaban los costos laborales sin aportar beneficios concretos para los trabajadores ni los empleadores.
Uno de los puntos más cuestionados por los empresarios es la contribución obligatoria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que desde 2008 obliga a los comerciantes a pagar un monto mensual por cada empleado registrado, independientemente de si recibe capacitación o no.
Con el nuevo decreto firmado por el Presidente y el Ministro de Transformación y Desregulación del Estado, este aporte al INACAP pasa a ser voluntario, lo que según estimaciones del sector mercantil representará un alivio de más de $70.000 millones al año para los empresarios.
Los empresarios celebraron la medida de Milei que los desliga de las Cámaras
Desde el sector mayorista y de distribución, la medida adoptada por el Gobierno de Milei fue recibida con aplausos, con especial mención a la “valentía del Presidente, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro Sturzenegger por impulsar la eliminación de los aportes obligatorios a las cámaras empresariales”.
En la misma línea, los empresarios nucleados en la Cadam le agradecieron a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, por haber expuesto el reclamo del sector en el Congreso y hacérselo llegar al Presidente y sus ministros.
El impacto económico de la medida también es significativo. Según los cálculos del sector mayorista, que moviliza unos 10.000 puestos de trabajo, la eliminación de estas contribuciones representará un ahorro mensual de aproximadamente $47.000.000. “Reducir este tipo de costos nos permitirá fomentar la contratación de más empleados, incentivando la inversión y la generación de empleo formal”, afirmaron desde la CADAM.
