El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley del denominado “Súper RIGI”, un esquema de promoción destinado a captar inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores tecnológicos e industriales que actualmente no operan en Argentina.
La iniciativa, bautizada oficialmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, amplía los beneficios previstos en el RIGI original y apunta a posicionar al país como receptor de capitales vinculados a actividades consideradas estratégicas.
El texto oficial establece que el régimen buscará promover el desarrollo económico, incrementar exportaciones, generar empleo y fortalecer cadenas de valor locales mediante la instalación de “nuevas actividades económicas”.
En ese sentido, el proyecto libertario contempla aquellas iniciativas industriales, tecnológicas o de servicios asociadas a infraestructura digital estratégica que todavía no existan en el país, o cuyo desarrollo actual permanezca en etapa experimental.
Entre los ejemplos mencionados por el ministro de Economía, Luis Caputo, aparecen la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada.
En tanto, la propuesta fija un plazo de cinco años para adherir al Súper RIGI, con posibilidad de extenderlo por un año adicional. El articulado también exige ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida dentro de los primeros dos años desde la adhesión, una condición que obligará a desembolsar un mínimo de USD 200 millones por cada proyecto aprobado.
Súper RIGI: qué beneficios tendrán las empresas que decidan invertir en Argentina
Cabe destacar que, dentro de esta nueva presentación, el Gobierno incorporó un paquete de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que amplía de manera considerable las ventajas previstas en el esquema original del RIGI.
El proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada para obras de infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal, además de una carga reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Finalmente, el texto habilita certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA, elimina derechos de importación y exportación sobre bienes vinculados a cada proyecto, mientras que también fija una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales correspondientes a nuevos puestos de trabajo generados.
