El Gobierno nacional descartó avanzar en el Congreso con la derogación de la Ley del Libro, luego del fuerte rechazo que la iniciativa despertó entre editoriales, librerías independientes y distintos actores de la industria. El presidente Javier Milei confirmó que la propuesta “no entró ni va a entrar” al Parlamento y cerró, al menos por ahora, una discusión que atravesó al sector durante las últimas semanas.
La decisión llegó después de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anticipara que el Gobierno concentrará su capital político en reformas que considera prioritarias para la segunda mitad del año. “Farmacias y librerías no lo son”, sostuvo la legisladora, quien remarcó que La Libertad Avanza (LLA) buscará “avanzar hacia medidas más estructurales”.
No obstante, pese al rechazo generalizado que generó la propuesta, Milei aseguró en un intercambio periodístico que la marcha atrás no refleja diferencias dentro del Ejecutivo y sostuvo que la mesa política define las prioridades que el oficialismo llevará al recinto. Esto en medio de la decisión de Karina Milei de comenzar a revisar las leyes redactadas por Sturzenegger.
Asimismo, el mandatario confirmó que su gestión mantendrá sin cambios la legislación vigente y concentrará sus próximos movimientos parlamentarios en reformas que considera centrales para su programa económico, como el llamado Súper RIGI, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia Fiscal.
Cabe recordar que el anteproyecto había surgido de las oficinas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y proponía eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. La normativa en cuestión establece que cada editor, importador o representante debe fijar un precio uniforme para sus libros y que los comercios tienen que respetar ese valor, un esquema conocido como Ley de Precio Fijo.
Desde el área que conduce Sturzenegger habían defendido la reforma bajo el argumento de que una mayor competencia permitiría ampliar los descuentos, promociones y estrategias comerciales para reducir el precio final de los ejemplares. “El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores”, señalaron desde la cartera nacional.
Sin embargo, el planteo respecto a una nueva Ley del Libro generó una fuerte resistencia entre librerías y editoriales, que advirtieron sobre el riesgo de que grandes plataformas, supermercados o cadenas utilicen su capacidad financiera para ofrecer los títulos más vendidos por debajo de su valor. Los representantes del sector sostienen que esta práctica podría desplazar a los comercios independientes y reducir la oferta de obras de menor circulación, que actualmente encuentran espacio en establecimientos especializados.
En tanto, la discusión también llegó esta misma semana a la Cámara de Diputados, donde integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes expusieron ante la comisión de Cultura y defendieron la continuidad del esquema vigente. Uno de sus miembros, Juan Pablo Armenio, recordó que la desregulación aplicada en Inglaterra derivó, según su análisis, en el cierre de cientos de librerías, una menor participación de los comercios pequeños y una baja de precios concentrada principalmente en los best sellers.
El rechazo también reunió a referentes de distinto peso dentro del mercado editorial, desde pequeños sellos hasta grandes cadenas como Yenny y El Ateneo, mientras otros actores admitieron que la legislación necesita una actualización frente a los nuevos hábitos de consumo y las ventas digitales. “¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo”, sintentizó el responsable de la editorial Godot y organizador de la Feria de Editores, Víctor Malumián.
El rechazo a la modificación de la Ley del Libro también llegó al Senado bonaerense
En las últimas semanas, la senadora bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Durán, también expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. La dirigente kicillofista sostuvo que la norma, promulgada originalmente en 2001, no representa una “caprichosa intromisión estatal” en el comercio, sino un estándar reconocido a nivel internacional que concibe al libro como un “bien cultural” y no como una simple mercancía sujeta a la especulación financiera.
Según explicó la referente oficialista, al eliminar la fijación uniforme del precio abre la puerta de par en par a prácticas de competencia desleal, precios predatorios y dumping por parte de hipermercados, grandes cadenas comerciales y plataformas transnacionales de comercio electrónico.
“El intento de desregulación impulsado por el Gobierno Nacional atenta directamente contra los actores más vulnerables e indispensables del ecosistema del libro: las librerías independientes y de barrio, las pequeñas y medianas empresas editoriales, los autores e ilustradores nacionales y las comunidades locales”, advirtió Durán.
En ese marco, la representante de la Sexta sección alertó que, una vez destruida la red de librerías independientes por la imposibilidad de competir con los descuentos agresivos de las grandes corporaciones, las grandes cadenas impondrán condiciones monopólicas a las editoriales, dictarán las condiciones comerciales, por lo que terminará aumentando el precio final de los títulos de alta demanda, reduciendo drásticamente la oferta disponible para la ciudadanía.
“La desaparición de la red de librerías pymes arrastrará inexorablemente al colapso al sector editorial independiente, que produce la mayor parte de la bibliodiversidad en la Argentina. Las grandes cadenas comerciales concentran sus compras de manera exclusiva en los títulos de alta rotación, desplazando de las góndolas a los ensayos académicos, la poesía, la literatura regional, las ediciones de autores noveles y las obras de investigación”, concluyó Durán.
