A través de la Resolución 430/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad nacional que conduce Patricia Bullrich, oficializó la creación de las Mesas de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico.
El objetivo principal de la medida es fortalecer la cooperación entre fuerzas federales, provinciales y el Poder Judicial para enfrentar de forma coordinada la venta ilegal de estupefacientes, y establecer un espacio formal para el intercambio de datos, conocimiento y experiencias entre organismos con competencia directa en la persecución penal del narcotráfico.
Según el texto de la resolución, las reuniones entre estos actores permitirán compartir información clave para avanzar en investigaciones conjuntas y definir estrategias comunes, mientras que todo lo que se intercambie dentro de estas mesas tendrá carácter “secreto y confidencial”.
Las mesas contarán con la participación de jueces federales, fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, fiscales provinciales y representantes judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que tendrá un rol central.
El Ministerio de Seguridad Nacional busca consolidar un mecanismo interjurisdiccional que permita mejorar la efectividad de las investigaciones y la ejecución de políticas criminales en el ámbito del narcotráfico.
“La complejidad del crimen organizado evidencia la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado”, señala la resolución, que también define al narcotráfico como un delito “pluriofensivo y de carácter transnacional” que impacta de forma directa sobre las estructuras sociales.
Por último, la norma en cuestión entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 8° y también se notificó a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro y archivo.
Bullrich crea una comisión técnica para asistir a jueces
Como parte de la misma estrategia de Bullrich, la normativa crea una Comisión Técnica de Investigación de Narcotráfico, que funcionará como órgano de asistencia para jueces y fiscales, y estará integrada por funcionarios de diferentes áreas del Ministerio de Seguridad.
La función principal de esta Comisión será colaborar tanto en la implementación de la normativa vigente como en la coordinación operativa de investigaciones y deberá hacerlo respetando el carácter reservado de toda la información que reciba o procese.
El texto especifica que este organismo “colaborará con los Magistrados y los Ministerios Públicos Fiscales para la coordinación y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en las investigaciones judiciales, manteniendo el deber de estricta confidencialidad”.
Para dirigir el funcionamiento de las mesas, el Ministerio de Seguridad designó como coordinador general a Fernando Oscar Soto, quien tendrá a su cargo la organización de las reuniones, la definición de sus modalidades, la moderación de los intercambios y la dirección de la elaboración de documentos de trabajo o protocolos que puedan surgir del trabajo colectivo.
Según lo establecido en el artículo 4° de la resolución, el coordinador deberá “designar los días, horarios y modalidades de las reuniones, citar a los funcionarios correspondientes, moderar el intercambio y coordinar la elaboración de los documentos de trabajo o protocolos que surjan como consecuencia de la actividad” de las mesas.
Además, la resolución aclara que esta iniciativa no requerirá ninguna erogación presupuestaria adicional, lo que permite su implementación inmediata sin generar impacto fiscal, en el marco de las políticas de ajuste del Estado nacional que encara el Gobierno de Javier Milei.
Con esta medida, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich refuerza su política de combate contra el narcotráfico mediante la articulación directa entre los distintos niveles del Estado. La propuesta busca consolidar un enfoque integral, operativo y transversal en una de las áreas más sensibles de la seguridad pública.
