A horas de la Marcha Federal de Salud, la legisladora bonaerense de Fuerza Patria, Silvina Nardini, presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de la manifestación convocada para este miércoles a las 13 horas con la que gremios, trabajadores y dirigentes de la oposición levantarán los reclamos de empleados sanitarios, universidades y hospitales contra el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei.
La movilización se realizará en Plaza de Mayo para visibilizar el impacto del desfinanciamiento en los hospitales nacionales y en programas sociales como el Remediar, y contará con la participación de distintos gremios y entidades vinculadas al sistema sanitario. A nivel bonaerense, uno de los principales impulsores de la marcha fue el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que en las últimas semanas cuestionó el recorte de fondos y el desfinanciamiento de programas sanitarios.
“En los últimos meses, diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, asociaciones profesionales, universidades, hospitales públicos y entidades científicas han alertado sobre la critica situación que atraviesa el sistema sanitario como consecuencia de injustificables recortes presupuestarios, paralización de programas nacionales, despidos de personal y el desfinanciamiento permanente de áreas sensibles para la atención de la población”, señaló Nardini en el escrito que ingresó a la Legislatura.
Entre las preocupaciones enumeradas por Nardini, aparecen la reducción de recursos para campañas de vacunación, el debilitamiento de programas de prevención y tratamiento de enfermedades, las dificultades en el acceso a medicamentos esenciales y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que sostienen el sistema sanitario público en todo el país.
En su proyecto, Nardini planteó que “entre los recientes recortes anunciados públicamente por el ministro de Salud, Mario Lugones, se destacan, entre otros no menos trascendentes, el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda”.
En la misma línea, desde la cartera sanitaria nacional se anunció el recorte presupuestario en sistemas provinciales de salud, medicamentos, insumos y tecnología médica, junto con reducciones en programas vinculados al VIH, tuberculosis, hepatitis, salud sexual, vacunación y una disminución de fondos destinados al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
“Corresponde destacar las expresiones del Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien ha señalado en reiteradas oportunidades que ‘el ajuste en salud tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas’, y advirtió además que la retirada del Estado nacional en materia sanitaria obliga a las provincias a afrontar en soledad responsabilidades cada vez mayores, poniendo en riesgo la capacidad de respuesta del sistema”, remarcó Nardini en el proyecto.
En reiteradas oportunidades, el funcionario de Axel Kicillof advirtió sobre el impacto de los recortes en hospitales nacionales, programas de vacunación, políticas de salud sexual y reproductiva, tratamientos de alto costo y estrategias de prevención epidemiológica. Durante sus intervenciones, Kreplak remarcó que la salud pública debe ser garantizada por el Estado y no considerada únicamente como una variable de gasto.
“La defensa de la salud pública constituye una obligación indelegable del Estado en todos sus niveles. El acceso universal, gratuito y de calidad a la atención sanitaria es un principio esencial de justicia social y equidad, particularmente en un contexto económico y social complejo donde amplios sectores de la población dependen exclusivamente del sistema público”, enfatizó la legisladora oriunda de Ensenada.
Al mismo tiempo, Nardini sostuvo que el derecho a la salud encuentra respaldo tanto en la Constitución Nacional y Bonaerense como en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias.
En ese sentido, la diputada recordó que la Constitución Nacional reconoce el derecho de consumidores y usuarios a la protección de su salud y seguridad, e incorpora tratados internacionales que garantizan el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Además, citó el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a adoptar medidas orientadas a la prevención, tratamiento y control de enfermedades, junto con la garantía de asistencia médica y servicios sanitarios.
“En consecuencia, toda medida del gobierno que implique desfinanciamiento de políticas sanitarias, reducción de programas de prevención y asistencia, restricción en el acceso a medicamentos esenciales, debilitamiento institucional de organismos especializados o afectación de las condiciones materiales de funcionamiento del sistema público de salud, debe ser examinada conforme a los principios de progresividad, no regresividad y tutela efectiva de los derechos sociales reconocidos por el ordenamiento constitucional argentino”, finalizó Nardini, que respaldó la Marcha Federal de Salud convocada por los trabajadores sanitarios.
