En diálogo con Diputados Bonaerenses, el presidente del Consejo Portuario Argentino y del Puerto La Plata, José María Lojo, se refirió a la controversia por la tasa portuaria que implementó la Municipalidad de Necochea y marcó la necesidad de establecer “consensos” que garanticen la sustentabilidad de las infraestructuras de transporte.
“Hoy los municipios como Necochea caen en resolver las cosas como pueden por su cuenta porque no hay una gestión mucho más generalizada detrás de esto. Las infraestructuras de transporte deben ser garantizadas por el Estado y sostenidas por los ingresos que produce la economía”, sostuvo Lojo.
En las declaraciones a título personal, el titular del Consejo Portuario consideró que el agroexportador debe “aportar al sustento del propio negocio y de todo el entorno sociocultural que lo rodea”. “La renta no debe ser vista solo como propiedad de las empresas exportadoras”, enfatizó.
Para Lojo, el problema de fondo es que en Argentina “hay un déficit organizacional macro” que impide consolidar una política de Estado en materia de puertos, vías navegables y logística. “No nos hemos puesto de acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal sobre cómo ordenar este sector clave que genera divisas y empleo”, subrayó.
En ese marco, insistió en que las inversiones en infraestructura deberían planificarse mediante convenios entre empresas, municipios y comunidades, de manera tal que “parte de la renta se discipline en función del desarrollo comunitario y no solo en función de maximizar ganancias”.
Sobre la controversia puntual en Necochea, Lojo aclaró que no conoce al dedillo las definiciones sobre las tasas fijadas, pero consideró que “es válido disputar con las cadenas de valor que los recursos para sostener la infraestructura salgan de las propias actividades que la utilizan”.
La declaración de Lojo llega en medio de la escalada de tensión entre el campo bonaerense y la gestión municipal de Arturo Rojas. El intendente vecinalista implementó este año una Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, que los agroexportadores ya anticiparon que judicializarán.
El sector cuestiona que la tasa no se calcule sobre los costos de mantenimiento, sino sobre el volumen total de carga de los barcos, lo que la convertiría en un “impuesto encubierto”. “No es competencia municipal”, aseguraron.
Por su parte, el municipio de Necochea justificó la medida en el deterioro que provocan los más de 200.000 viajes de camiones anuales que movilizan la producción hacia el Puerto Quequén, que registró más de 7,5 millones de toneladas exportadas en 2024.
En pie de guerra contra la tasa en Necochea
Las principales Sociedades Rurales de la región, junto a entidades como CONINAGRO, se manifestaron en contra de la tasa portuaria ya en 2024, cuando Rojas implementó por primera vez la Tasa.
En aquel momento, el titular de CONINAGRO, Elbio Laucirica, remarcó que su entidad no está de acuerdo con la creación de esta tasa ya que “solo tiene fines meramente recaudatorios, y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público, que termina pagando el contribuyente de una u otra manera”.
Cabe señalar que, no solo CONINAGRO se manifestó en contra de esta medida, también cuestionaron la tasa las Sociedades Rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch General Lavalle y San Cayetano.
“Políticos que atrasan. Con una tasa portuaria se busca tapar las ineficiencias de gestión, exprimiendo a la producción. Por más que se esfuercen en remarcar que los destinatarios de la tasa son los operadores del puerto o la exportación, todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio”, sintetizaron las entidades del campo bonaerense.
