El intendente de Olavarría, el camporista Maximiliano Wesner, en las últimas horas dio a conocer la auditoría interna realizada durante el último año de gestión de su antecesor PRO, Ezequiel Galli, en la que denunció un déficit millonario, irregularidades en los trabajadores estatales y un sinfín de anomalías.
En rigor, la auditoría apuntó que Galli le habría dejado a Wesner un déficit de más de $3 mil millones, al que se suma un “déficit oculto” de casi USD 2 millones que responde a ausencia de obras, falta de apartología médica, un “deplorable” estado de edificios municipales y la “abultada” deuda con proveedores.
“Es un proceso de revisión y ordenamiento interno, irregularidades con diferentes niveles de gravedad, como así también la falta de procedimientos e inadecuado accionar en desmedro del patrimonio, la recaudación y la eficiencia del municipio”, definieron desde la Municipalidad de Olavarría.
En ese sentido, el déficit real, que sería equivalente a casi el 13% de los ingresos totales, da cuenta de la desinversión en materia de salud que responde al deterioro de la infraestructura Hospital Municipal Héctor Cura y los Centros de Atención Primaria de la Salud.
“Se identificó la falta de entrega de una Torre de videoendoscopia – por un valor de USD 88.000 – adquirida por el municipio en septiembre de 2022 que nunca fue entregada por el proveedor y que hasta agosto de 2023 no hubo registros oficiales de reclamos por parte de la gestión anterior. En la actualidad, desde el Municipio se intimó a la empresa Droguería IB para que haga efectiva la entrega de la aparatología. Desde la firma se comprometieron a realizar la entrega el 15 de enero de 2025″, aseguró la gestión de Wesner.
En materia laboral, la auditoría contra Galli remarca que durante la gestión PRO de 2015 a 2023, hubo 14 empleados municipales que no cumplían funciones en Olavarría, que había “una persona domiciliada en La Plata que nunca fue vista en la municipalidad”, y que sucedían constantes incumplimientos horarios y retrasos en el pago de horas extras.
Por las irregularidades, hubieron 21 bajas y 10 trabajadores fueron reubicados. De los 42 estatales restantes que no funcionaban con normalidad, 16 eran representantes de la comisión directiva del gremio que no cumplían tareas en el municipio, lo que se traduce como una “ausencia injustificada”.
Además, en su auditoría Wesner indica que el exintendente del macrismo utilizó el “Fondo de Responsabilidad Patrimonial“, carga utilizada para afrontar de manera solidaria las multas impuestas por el Honorable Tribunal de Cuentas, para poder financiar el PRO de cara a las elecciones.
“La retención del 3% del básico de todos los funcionarios del Ejecutivo, al finalizar cada año se procedía a devolver este fondo a cada funcionario. Durante la gestión de Ezequiel Galli esto no sucedió en ninguno de los años e inclusive hay registros de declaraciones juradas donde algunos funcionarios de dicha gestión anterior aceptan transferir esos fondos a una cuenta de la asociación política “Asociación Civil Juntos por Olavarría”, remarca el informe del oficialismo olavarriense.
Además, Wesner dispuso que durante la gestión de Galli el Personal de la Dirección de Catastro eludía el pago de tasas sobre bienes propios o de allegados y cambiaba el estado del bien “de vigente a no vigente” para no tributar y para modificar la titularidad del inmueble o su valuación fiscal.
“Se relevaron incumplimientos en relación al cobro de tasas municipales vinculadas al uso del espacio público por parte de empresas prestadoras de servicios por un total de $315 millones anuales. A pesar de estar indicado en la Ordenanza Fiscal, Galli no cobraba el uso del espacio subterráneo y aéreo por parte de empresas prestadoras de servicios de internet, cable, telefonía, gas, etc”, narra la auditoría ordenada por el intendente de Olavarría.
Por último, el oficialismo olavarriense señaló que Galli no le cobraba la alícuota correctamente a la empresa Parques Eólicos en lo que respecta al cobro de derecho de construcción, por lo que el exintendente del PRO generó una “pérdida millonaria”. “El monto de derecho de construcción originalmente percibido era de $99.954.239,97 cobrado en dos pagos (diciembre 2023 y julio 2024). A partir de las negociaciones y revisiones de estos, se resolvió un pago total de $311.425.083; lo que implicó una tercera cuota de 211.470.843 (octubre 2024). Esto significó un aumento del 178% entre las primeras 2 cuotas y la tercera”, precisaron.
Olavarría: el antecedente de la auditoría de Wesner a Galli
En abril, el intendente Wesner había acusado a Galli de dejarle un déficit de más $2.000 millones, algo que finalmente se concretó en la auditoría realizada esta semana. En aquel momento, el Ejecutivo presentó la Memoria del Ejercicio 2023, que muestra la percepción y la inversión de los fondos comunales desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año.
En aquel momento, la rendición de cuentas mostró un número negativo de $2.395.975.395, lo que deja las arcas al rojo vivo para la gestión de Wesner. Frente a esta cifra, la nueva gestión culpó al atraso administrativo de Galli, y aclaró que este déficit no muestra las redeterminaciones de obras y contratos del 2023, que figurarán en el ejercicio 2024.
Asimismo, el Ejecutivo de Wesner remarcó que el déficit de $2.000 millones tampoco contempla la pérdida originada durante el mandato de Galli por la finalización de 20 viviendas TUVI prefabricadas, un programa que fue fuertemente criticado por la oposición que alegó que la construcción no cumplía con los estándares recomendados. De hecho, varias casas tuvieron que ser desechadas por fallas en su emplazamiento, lo que significó un gasto de alrededor de $168 millones.
