Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y de izquierda, resolvieron movilizarse frente al Congreso durante el mes de febrero contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La protesta se realizará el día en que el Senado trate la iniciativa, en un escenario de creciente tensión política, sindical y parlamentaria.
La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda. En ese marco, las organizaciones anticiparon una masiva presencia en las calles y sostuvieron que las concesiones del Ejecutivo libertario no modifican el núcleo del proyecto de “modernización laboral”.
El conflicto tomó nuevo impulso luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso mediante el Decreto 24/2026. La norma fijó el calendario legislativo entre el 2 y el 27 de febrero, y ubicó a la reforma laboral como uno de los ejes centrales de la agenda del oficialismo.
En tanto, la Casa Rosada definió un cronograma político acelerado para intentar convertir en ley la iniciativa antes del inicio de las sesiones ordinarias. El oficialismo prevé llevar el proyecto al recinto del Senado entre el 10 y el 12 de febrero, con una fecha tentativa de tratamiento el 11, jornada en la que se espera la movilización frente al Congreso.
Con una bancada propia minoritaria, aunque ampliada tras las últimas elecciones legislativas, La Libertad Avanza necesita sumar al menos 16 o 17 voluntades para alcanzar el quórum de 37 senadores. En ese escenario, el rol de la jefa del interbloque oficialista en la Cámara alta y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, resulta clave para sostener el proyecto y articular los acuerdos necesarios.
En paralelo, la negociación con las provincias se convirtió en uno de los puntos más sensibles del debate legislativo. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan en los recursos coparticipables, entre ellos una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas del 35% al 31,5%, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación.
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, marcó su rechazo categórico y afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”. Además, el dirigente gremial advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.
Por último, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene su rechazo al proyecto, aunque optó por una estrategia de reducción de daños mediante negociaciones con gobernadores y legisladores. La central obrera no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar los puntos centrales de la reforma.
Santilli avanza con gobernadores y consigue apoyo de Salta para la reforma laboral
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz para acercar posiciones sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El encuentro se inscribió en la estrategia oficial para sumar respaldos provinciales a la iniciativa que se debatirá en el Senado el próximo mes de febrero.
A través de un comunicado, la cartera nacional de Interior informó que ambos dirigentes “valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”. En ese marco, Santilli sostuvo que ningún mandatario provincial puede oponerse al proyecto y remarcó que la iniciativa genera “empleo privado, aumenta la productividad y las inversiones para las provincias”.
Por su parte, Sáenz expresó su disposición a respaldar la reforma y llamó a avanzar con consensos políticos en el Congreso. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, afirmó el dirigente salteño, quien además destacó el diálogo y el trabajo conjunto con la administración nacional.
Como contrapartida, Sáenz le planteó a Santilli el pedido para que el Gobierno nacional avance en la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica en Salta, que consideró fundamentales para el desarrollo provincial. La reunión se dio en la antesala del tratamiento legislativo de la reforma laboral, previsto entre el 10 y el 12 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
