La conducción de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Evita y del Movimiento Somos Barrios de Pie convocan a una marcha a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para “denunciar una coordinación nacional de la Justicia contra las organizaciones sociales”.
La protesta de las organizaciones sociales se desarrollará el próximo jueves a las 11 de la mañana en la sede de la Corte Suprema ubicada en Talcahuano al 500, para lo cual previamente se concentrarán en el Obelisco desde las 10 horas.
“Vamos a denunciar el accionar de una coordinación nacional de la Justicia contra las organizaciones sociales, con los allanamientos a los locales merenderos de la CCC” el diputado del Frente de Todos y titular de la CCC, Juan Carlos Alderete.
Además, el líder social aclaró que otra de las cosas por la que movilizan es para ¡denunciar a la Corte Suprema y a los cortesanos porque no resuelve la libertad de Milagro Sala” y denunciar públicamente lo que hace (el gobernador) Gerardo Morales en Jujuy “contra Milagro y las demás organizaciones sociales“.
En ese sentido, Alderete anunció que “vamos a la calle, donde siempre estuvimos, porque no es posible tener una Justicia como esta que beneficia solo a los ricos y a los sectores del poder en la Argentina y que solo quiere presos a los luchadores populares y no a los responsables del desastre económico y social del país”.
El 5 de julio de último, la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 casas de personas de la organización. A su vez, pidió que se revisaran merenderos y comedores de la CCC en los partidos bonaerenses de San Martín y La Matanza, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En esos allanamientos a la CCC, según se supo mediáticamente que encontraron “50 mil dólares y 7 millones de pesos” en locales de la agrupación. La organización emitió un comunicado y explicaron el por qué de los allanamientos.
Ayer, el legislador oficialista planteó que la persecución judicial es parte de una causa que comenzó hace tres años, en la cual “no hay acusación ni averiguación del delito para hacer ese despliegue” y, sin embargo “se están utilizando métodos ilegales para perseguir a las organizaciones”.
“Una jueza intervino, en tiempo real, unos cien teléfonos de compañeros”, denunció al respecto Alderete y aclaró que lo que intenta la Justicia es “tratarnos como una organización terrorista y criminal solo por organizar al pueblo, enfrentar la crisis y, en particular, hacerles frente en las barriadas”.
