El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, advirtió en las últimas horas que el sistema de colectivas atraviesa una crisis severa, con subsidios y tarifas congeladas desde hace casi un año, mientras enfrenta demandas salariales imposibles de cubrir en el actual contexto económico, que derivaron con el paro de la semana pasada.
Es preciso mencionar que, el conflicto, que derivó en un nuevo paro de colectivos que afectó principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejó en evidencia los problemas estructurales de un modelo que, según el empresario del transporte, está “en proceso de desinversión desde hace años, que se suma a un boleto congelado desde hace nueve meses”.
En ese sentido, Fusaro remarcó que el transporte automotor de pasajeros cumple un rol central en la Argentina, especialmente en AMBA, donde representa el principal medio de movilidad para millones de personas por día. “Tenemos el segundo sistema de colectivos más grande del planeta, con 9 millones de viajes diarios. Sin embargo, el sistema está deteriorado y sin respuestas a largo plazo”, explicó el empresario esta mañana.
En ese marco, Fusaro subrayó que el paro de colectivos decretado por los gremios respondió a una negociación salarial que las empresas no pueden afrontar debido a la falta de actualización tarifaria y al congelamiento de los subsidios. “El planteo es justo, pero las empresas no tienen los recursos. No fijamos el precio del servicio, lo define el Estado y lo que ingresa es exactamente lo mismo desde hace meses”, señaló.
Además, el empresario también apuntó contra la falta de planificación del transporte en general, y cuestionó que se haya priorizado el desarrollo de proyectos como el Metrobús por sobre otros más estructurales. “Buenos Aires fue pionera en tener subte, pero hace décadas que no se expande. En cambio, los colectivos fueron los que se hicieron cargo de la expansión urbana”, recordó.
Por caso, Fusaro explicó que, si bien en marzo hubo aumentos en las líneas de jurisdicción local, esos incrementos sirvieron solamente para reducir subsidios sin mejorar los ingresos netos de las empresas. En paralelo, resaltó que los subsidios nacionales siguen congelados y que la brecha entre ingresos y costos se agudiza mes a mes, especialmente con una inflación acumulada que supera el 60% en lo que va del año.
“La cuenta que hace el Estado no contempla una partida realista para ajustar salarios ni cubrir costos operativos que suben sin parar. En estas condiciones, el sistema no es sostenible y la gente lo sufre todos los días, especialmente en el Conurbano bonaerense, donde hay menos opciones de transporte”, concluyó.
Cabe señalar que, aunque las negociaciones entre los empresarios del transporte automotor y los gremios continuaron de manera informal, las diferencias fueron imposibles de salvar y el gremio decidió lanzar una medida de fuerza que se concretó la semana pasada. Para Fusaro, el conflicto actual refleja el colapso de un modelo que se arrastra desde hace años y necesita, con urgencia, una reforma integral.
Los empresarios apuntaron contra el Gobierno por el paro de colectivos
Durante la jornada del paro de colectivos, el sector patronal encabezado por Fusaro afirmó que “el reclamo de los trabajadores fue justo, pero los ingresos están congelados desde hace nueve meses”, y agregó que, aunque en marzo hubo aumentos de tarifas, “fue solo para reducir subsidios, no para mejorar los ingresos empresariales”.
“El Estado fija el precio del servicio y en la cuenta que hace no se contempla un ajuste paritario”, explicó Fusaro. Por eso, dijo que “no hay margen económico” para otorgar aumentos salariales y remarcó que el sector viene “negociando y haciendo un esfuerzo” sin respuestas del Gobierno.
En tanto, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor inició acciones legales contra el exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, por una supuesta distribución irregular del subsidio “cupo gasoil”, y reclamó un resarcimiento por una pérdida estimada de casi $9.000 millones entre 2022 y 2023.
