Este martes, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, aseguró públicamente que es víctima de “una falsa denuncia y un hostigamiento sistemático” por parte de una mujer a la que vinculó con otros episodios similares, y explicó que realizó varias presentaciones judiciales para que intervenga la justicia, lo que generó un fuerte contrapunto en el ámbito político y judicial.
Según relató el diputado de la provincia de Buenos Aires, atraviesa esta situación desde hace más de siete meses, y decidió pronunciarse públicamente porque la escalada de acusaciones hizo “imposible” continuar en silencio, al tiempo que dijo que su expectativa es que el proceso judicial concluya para “poner un límite definitivo”.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Pascual señaló que los tiempos judiciales “no son lo rápido y ágiles” que él desea, y sostuvo que mantuvo “un silencio prudencial” hasta que el alcance de los mensajes y el hostigamiento hacia su entorno lo obligaron a hacer pública su posición. En la misma línea, el legislador expresó que la persona denunciada “tiene este tipo de conductas hace años”, y habría repetido patrones con terceros que se acercaron a contarle sus experiencias.
En su exposición, el legislador sostuvo que la mujer habría contactado a personas allegadas a su entorno para difundir acusaciones, lo que también habría ocurrido en otros episodios previos vinculados a terceros, y mencionó incluso que una de las personas afectadas en el pasado habría atravesado un deterioro de salud, mientras que otra pareja habría perdido su trabajo tras episodios similares.
En su descargo, Pascual dijo que presentó denuncias judiciales “hace meses” por las falsas acusaciones, y que aún se encuentra a la espera de resoluciones, aunque remarcó que la acusada “no estaría cumpliendo con las órdenes” dispuestas por los magistrados. Además, el legislador afirmó que el objetivo de su intervención pública es evitar que surjan “otras víctimas” y señaló que busca el “cierre definitivo” del conflicto.
A lo largo del mensaje, Pascual insistió en que lo denunciado en su contra es falso y que no puede brindar mayores precisiones sobre el expediente porque se encuentra bajo tratamiento judicial, aunque reiteró que se trata de un proceso “que está avanzando” y que aguarda definiciones, al tiempo que planteó que su intención es “no volver a pronunciarse públicamente” hasta que la justicia actúe.
En el video compartido en sus redes sociales, el diputado bonaerense expresó que no tiene intención de polemizar en el terreno público, y que su aparición respondió únicamente a la necesidad de “dar su versión” frente a la difusión creciente de la controversia. En ese sentido, justificó la decisión en “el deber de aclarar” ante quienes lo consultaron en los últimos días.
Es que, el episodio tomó estado público en medio del calendario político y legislativo provincial, con repercusión en redes sociales y pedidos cruzados de explicaciones, mientras sectores de su propio espacio político señalaron que el caso se analizará en los canales institucionales correspondientes. Pascual afirmó que seguirá presentándose ante la justicia “hasta que se cierre la causa”, y reiteró que se considera víctima de un hostigamiento sostenido.
La denunciante de Pascual formalizó cinco presentaciones ante Transparencia Institucional
De acuerdo a lo que dejaron trascender otros medios de comunicación, las denuncias contra Pascual fueron presentadas por Paola Albarracín ante la Subsecretaría de Transparencia Institucional de la provincia de Buenos Aires, el organismo administrativo que recepciona acusaciones por eventuales hechos de corrupción o faltas éticas. Las actuaciones incluyen cinco líneas principales de imputación y están acompañadas por archivos y elementos digitales que, según se detalla, oficiarían como prueba inicial.
Es que, las denuncias contra Pascual refieren acusaciones por armado de denuncias falsas contra terceros, supuestas contrataciones irregulares en el ámbito legislativo con pedidos de devolución de haberes, la existencia de una trabajadora doméstica no registrada, presunto cohecho y tráfico de influencias, y episodios de conducta pública indebida por presunta conducción bajo efectos del alcohol, hechos que, de ser comprobados, podrían constituir delitos o infracciones administrativas.
En los escritos, Albarracín menciona además nombres de personas del entorno laboral del legislador y pide medidas administrativas y judiciales, que incluye la intervención de la comisión de Ética de la Legislatura bonaerense, el requerimiento de informes a la agencia recaudadora respecto de la registración laboral y la eventual radicación de actuaciones penales si se verificaran las irregularidades denunciadas.
La denunciante también solicitó la difusión pública del caso para evitar, según expresó, que haya demoras injustificadas o que se intente encubrir el expediente dentro del ámbito político. Actualmente, las denuncias se encuentran en trámite administrativo y a la espera de las definiciones procesales correspondientes.
