El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación formalizó el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la presentación de un proyecto que aguarda se le asigne un número de expediente.
Con la firma del diputado nacional Eduardo Valdés y acompañado por más de una docena de legisladores del Frente de Todos, el oficialismo solicitó además que se cite a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
A su vez, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos requirió el pasado jueves la presentación del vocero del juez Rosatti, Silvio Robles, y del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Según trascendió, las citaciones son debido a que el kirchnerismo intentará demostrar que existe una connivencia política entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno porteño que gestiona Horacio Rodríguez Larreta.
Otro de los detalles del escrito que propone el juicio político a la Corte, que ingresó en las últimas horas a Cámara de Diputados de la Nación, es el pedido del oficialismo de convocar al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores que acompañaron la iniciativa del primer mandatario.
Asimismo, el bloque de diputados nacionales del oficialismo reclamó la presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini; del ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro; entre otras figuras políticas.
Consecuentemente, el proyecto entregado en Diputados exige que sean citados “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
En limpio, el bloque de diputados nacionales que encabeza el legislador Germán Martínez en las últimas horas del pasado jueves presentó un escrito en el recinto donde se pide citar a un total de 48 testigos.
En otra parte de la iniciativa del oficialismo se define el concepto de juicio político y se explica el fin de llevar adelante el proceso judicial contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”, detalla el escrito.
A modo de cierre, el proyecto afirma que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.
El proyecto del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, que ingresó esta mañana al Parlamento, podría ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias que oficializó el Poder Ejecutivo de la Nación en las últimas horas.
De acuerdo al decreto 17/2023, el período de sesiones extraordinarias se extenderá en el recinto del 23 de enero al 28 de febrero y tratará varios temas pendientes en el Congreso, entre ellos, el pedido de remoción de los miembros del alto tribunal.
