A la espera de que el gobernador Axel Kicillof envíe una ley para regular el trabajo de repartidores de apps, desde el bloque de senadores de Fuerza Patria presentaron un proyecto para destacar un fallo de la Suprema Corte bonaerense que reconoce a los deliverys de aplicaciones como empleados.
La semana pasada, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios presentados por Rappi Argentina y Repartos YA S.A, y validó las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense ante infracciones a la normativa laboral vigente por parte de ambas empresas. En síntesis, la Suprema Corte bonaerense definió que los repartidores de apps están en una relación de dependencia.
“La decisión judicial adquiere una singular relevancia al reafirmar la plena vigencia de los principios rectores del derecho del trabajo y su capacidad de adaptación frente a nuevas modalidades productivas que, bajo apariencias innovadoras, no pueden quedar al margen del orden público laboral”, destacaron los legisladores del peronismo.
Según los senadores oficialistas, el fallo de la Suprema Corte bonaerense da cuenta que la Justicia ratificó las facultades del Estado para ejercer de “policía” en materia laboral, al reconocer las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo. “Esto garantiza la operatividad del sistema de fiscalización laboral y evita que las normas protectorias se tornen meramente declarativas”, remarcaron.
En concreto, la cartera que comanda Walter Correa había iniciado la demanda tras una serie de inspecciones en las que corroboró que tanto Repartos Ya como Rappi Argentina mantenían sendas irregularidades laborales, como la falta de un registro de los trabajadores, la ausencia de pago de salarios mínimos y fallas en materias de seguridad social.
En su descargo, las dos firmas alegaron que los repartidores operan en un esquema de autonomía, bajo un vínculo de prestación de servicios y no a través de un contrato laboral, lo que les permite escaparse de las normas que reclama el Ministerio de Trabajo. Ante la falta de entendimiento, el caso llegó a las manos de la Suprema Corte provincial, quien convalidó el rol de la cartera bonaerense para verificar el cumplimiento de las leyes y descartó los planteos esgrimidos por Rappi y Repartos Ya.
“En efecto, acreditada la prestación de servicios, corresponde presumir la existencia de una relación de dependencia, trasladando a la parte empleadora la carga de demostrar lo contrario. En el caso bajo análisis, la empresa no logró desvirtuar dicha presunción, lo que condujo a la confirmación de la sanción impuesto”, mencionó el bloque de senadores.
Por caso, el máximo tribunal consideró que ninguna de las dos empresas de reparto esgrimió razones y pruebas suficientes para demostrar que no había un contrato laboral, por lo que Rappi deberá pagar una multa superior a los $16 millones. En cuanto a Repartos Ya, la Suprema Corte puso la lupa en ocho situaciones específicas en los que no quedó claro la existencia de un vínculo de trabajo, y ordenó que se conforme una nueva instancia judicial en la que se trate específicamente los casos observados.
“La decisión de la Suprema Corte se articula con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno bonaerense, orientadas a fortalecer la protección de las y los trabajadores de plataformas digitales. En ese marco, se destacan iniciativas que procuran establecer un piso mínimo de derechos en un sector caracterizado por la expansión acelerada y la insuficiencia de regulaciones específicas”, sentenciaron la bancada peronista de la Cámara alta.
Senadores peronistas encaminan la ley de Kicillof para repartidores de apps
Estas palabras del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense toman relevancia si se tiene en cuenta que la gestión de Kicillof se encuentra trabajando en una ley para regular las apps de delivery y transporte, una normativa que fue anunciada durante la apertura de sesiones ordinarias de marzo, pero que tiene una historia legislativa de varios años.
Según explicó el Gobernador, el texto creará un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad y garantizar acceso a la información sobre los algoritmos que organizan el trabajo. El escrito se elaboró a partir de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destinada a “regular y proteger la actividad” como es el caso de los trabajadores de apps de delivery.
La realidad es que la iniciativa había sido propuesta por primera vez en abril del 2022 por el entonces senador del peronismo e histórico líder del Sindicato de Canillitas (SIVENDIA), Omar Plaini, que buscaba que los repartidores y conductores debían inscribirse una vez por año con el objetivo de que el Ministerio de Trabajo bonaerense les expida certificados habilitantes para trabajar. Aunque consiguió media sanción de la Cámara, nunca fue tratada por Diputados debido a una serie de protestas de trabajadores de apps de deliverys y a la posterior luz roja del propio Sergio Massa (ver historia completa en esta nota).
Tras el fallo de la Suprema Corte, toma fuerza el deseo de Kicillof de regular una de las formas modernas de trabajo que más vacíos legales encuentra. Por eso, se espera que el texto parlamentario contenga propuestas como la creación de un registro provincial de trabajadores de plataformas, la implementación de herramientas digitales de asistencia y emergencia, la imposición de seguros obligatorios de accidentes, la promoción de condiciones mínimas de infraestructura, y el desarrollo de aplicaciones que faciliten el acceso a información, servicios y mecanismos de protección.
