viernes, febrero 28, 2025

Crece el repudio por la discriminación a las personas con discapacidad

La diputada, María Belén Malaisi, presentó un proyecto en repudio contra de la resolución 187/25 por discriminar a las personas con discapacidad.

En las últimas horas, la diputada bonaerense del radicalismo, María Belén Malaisi, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de baja de la provincia de Buenos Aires, en repudio al contenido de la Resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que discrimina a las personas con discapacidad.

“La resolución emplea términos absolutamente arcaicos, discriminatorios y estigmatizantes que hasta dan vergüenza reproducirlos, pero la necesidad amerita que todos los señores legisladores conozcan esta verdadera barbaridad“, expresó Malaisi en los fundamentos de su proyecto.

Además, la diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal señaló que el uso de palabras como “imbéciles”, “idiota” y “débil mental” para referirse a personas con discapacidad intelectual representa un retroceso inaceptable y que “uno de los valores de nuestra democracia fue la capacidad de construir lazos de solidaridad e integración social”.

En esta línea, Malaisi subrayó la responsabilidad del Estado en garantizar la inclusión y el respeto de todas las personas y consideró que la Legislatura bonaerense debe “visibilizar estas situaciones, denunciarlas y exponerlas, porque lo que está en juego son los derechos de todas las personas”. “El Gobierno nacional nos tiene acostumbrados a ofender, estigmatizar y aislar a grupos sociales de forma violenta y vergonzante“, sentenció.

La diputada, María Belén Malaisi, presentó un proyecto en repudio al contenido de la resolución que discrimina a las personas con discapacidad.
La diputada bonaerense de UCR + Cambio Federal, María Belén Malaisi.

Cabe señalar que la Resolución 187/25 estableció una escala para evaluar el “grado de deterioro psicofísico” en el marco de la solicitud de pensiones no contributivas por discapacidad y en dicha clasificación, se definía a las personas de 0 a 30 años como “idiotas”, de 30 a 50 como “imbéciles” y de 50 a 60 como “débil mental profundo”. A partir de los 60 años, la resolución utilizaba términos como “débil mental moderado” y “débil mental leve” hasta los 90 años.

Quien acompañó el repudio de Malaisi, fue la su par de bloque, Anahí Bilbao, que calificó de “inadmisible” que una resolución oficial contenga estos términos discriminatorios para referirse a las personas con discapacidad.

“Y no alcanza con un comunicado, a modo de aclaración, en el que ensayaron un supuesto ‘error’”, señaló y agregó que desde la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad en la Cámara de Diputados bonaerense, que preside, trabajan con la premisa de derribar las barreras para colaborar con la construcción de una “sociedad con respeto, inclusión e igualdad de oportunidades”.

Exigen derogar la resolución que discrimina a personas con discapacidad

En tándem con Malaisi, el diputado bonaerense también de UCR + Cambio Federal, Alejandro Cellillo, presentó un proyecto en el que solicita la revisión inmediata de la resolución y la garantía de un sistema de protección social que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derecho.

Por su parte, la senadora bonaerense del GEN, Lorena Mandagarán, expresó su rechazo, al asegurar que el Gobierno nacional debe combatir los prejuicios históricos en lugar de perpetuarlos, al tiempo que señaló que la resolución desconoce el modelo social de la discapacidad y pone en riesgo la plena participación de este colectivo en la sociedad.

La diputada, María Belén Malaisi, presentó un proyecto en repudio contra de la resolución 187/25 por discriminar a las personas con discapacidad.
La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, se unió a la lista de repudios.

De todos modos, el repudio se extendió a nivel nacional con el respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Las organizaciones presentaron un reclamo administrativo en el que exigen la derogación inmediata de la resolución. Según estas organizaciones, el lenguaje utilizado refuerza la discriminación histórica y contradice principios internacionales de derechos humanos.

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