Los diputados bonaerenses, Fabián Luayza y Viviana Romano, del bloque Unión Renovación y Fe, presentaron un proyecto de declaración que solicita al Ejecutivo nacional evaluar la viabilidad de reanudar las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de El Palomar, que está cerrada desde 2021, en articulación con la administración de Axel Kicillof.
Esta iniciativa propone conformar una mesa técnica conjunta que incluya al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA) y el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
Los autores remarcaron que el proyecto no busca definirse sobre la reapertura en abstracto, sino promover un debate técnico, transparente y participativo. “Se propone que los organismos provinciales sean convocados a una mesa técnica conjunta con las autoridades nacionales y locales, a fin de evaluar de forma multidimensional la posibilidad de una reapertura ambientalmente responsable, socialmente justa y económicamente viable”, argumentaron.
En esa línea, el texto parlamentario establece que cualquier reapertura debe garantizar “el cumplimiento de la normativa ambiental y el resguardo del desarrollo económico local”, con la participación de organismos nacionales, provinciales y municipales. “El presente pedido no implica ignorar las tensiones legítimas que el caso plantea”, aclara el proyecto, aunque resalta la posibilidad de encontrar “alternativas superadoras y sustentables”.
La iniciativa reconoce los planteos ambientales que motivaron el cierre, ya que en el predio confluyen cauces hídricos como los arroyos Morón, Corvalán y Céspedes, lo que exige estudios de impacto bajo la normativa vigente. Sin embargo, los legisladores también advirtieron que la clausura también generó un fuerte golpe en el empleo y en la economía regional.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, durante su funcionamiento El Palomar generó alrededor de 1.000 empleos directos y cerca de 10.000 indirectos. En consecuencia, comercios de la zona, emprendimientos gastronómicos y actividades turísticas se vieron particularmente afectados tras la decisión adoptada en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández.
El cierre de El Palomar fue oficializado en diciembre de 2021 tras un análisis de costos que concluyó en su inviabilidad técnica y económica. La terminal apenas superó dos años de funcionamiento como base de vuelos comerciales de bajo costo y, en su pico de actividad en 2019, llegó a mover 1,7 millones de pasajeros con operaciones concentradas en Flybondi y JetSmart.
Finalmente, el futuro de El Palomar continúa dividiendo posiciones en el conurbano bonaerense. Mientras vecinos que impulsaron su clausura remarcan los riesgos ambientales y urbanísticos, comerciantes y trabajadores insisten en que su reapertura es clave para recuperar empleo y actividad económica. Con el proyecto de Luayza y Romano, la discusión vuelve a ocupar un lugar central en la Legislatura bonaerense.
El cierre del Aeropuerto de El Palomar
El Aeropuerto de El Palomar comenzó a operar vuelos regulares en enero de 2018, cuando Flybondi realizó el primer servicio comercial desde la terminal. Hasta ese momento había funcionado de manera exclusiva como base militar de la Fuerza Aérea Argentina, por lo que su apertura al tráfico civil representó un cambio significativo en la dinámica del transporte aéreo del conurbano bonaerense.
En los meses siguientes, El Palomar se consolidó rápidamente como un punto clave dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De hecho, en su pico de actividad llegó a concentrar el 7,2 por ciento del movimiento de pasajeros, lo que permitió a las aerolíneas de bajo costo expandirse y ofrecer tarifas más competitivas. Sin embargo, tras el cierre de la terminal, esas compañías debieron trasladar sus operaciones primero a Ezeiza y luego a Aeroparque.
La decisión de clausurar El Palomar respondió, además, a cuestionamientos sanitarios que se intensificaron durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto, el Gobierno nacional argumentó que mantener la terminal implicaba gastos excesivos frente a la infraestructura disponible en los otros aeropuertos del AMBA, lo que terminó por reforzar la medida de cierre.
Finalmente, desde 2022, el predio retomó su función original como base aérea militar y también comenzó a ser utilizado por distintas escuelas de vuelo y para traslados oficiales. No obstante, cada año vuelven a surgir reclamos por su reapertura, bajo el argumento de que podría recuperar miles de empleos perdidos y mejorar la conectividad de la región.
