Desde hace varios días, Pinamar se encuentra sumido en un profundo escándalo político protagonizado por la ahora exjefa de Tesorería de la Municipalidad, Norma Beatriz Watson, que fue despedida luego de que trascendieran videos en los que guarda en secreto varios fajos de dinero en su cartera.
En rigor, se tratan de 11 videos filmados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, que trascendieron en abril, en los que la encargada del área se queda con dinero en horario laboral. La acusada llevaba 30 años en el ámbito municipal y estaba a punto de jubilarse.
En ese sentido, el intendente del PRO, Juan Ibarguren, esta madrugada ordenó la cesantía de Beatriz Watson vía decreto. Con esta medida, el gobierno de Pinamar dio por finalizado el sumario administrativo que inició en abril, apenas se conocieron los videos en los que la exfuncionaria de Tesorería aparecía implicada.
La acusación de la Municipalidad de Pinamar también incluyó que Watson llevaba a cabo varias irregularidades en su trabajo: maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y uso creativo de la cuenta “Ingresos Pendientes”. Todos estos mecanismos, le habrían permitido sustraer ilegalmente más de $7 millones.
Pinamar: la insólita defensa de Watson sobre los videos
Durante el avance de la investigación, la defensa de Watson puso en duda la validez de las filmaciones y objetó que el millonario monto que se guardó en la cartera, pertenecía a la funcionaria. De acuerdo a los abogados, la extrabajadora municipal decidió llevarse el dinero consigo ante “la inseguridad en Pinamar”.
De todas formas, la Municipalidad logró aplicar la cesantía con efecto retroactivo al primer hecho comprobado y el caso fue remitido al Tribunal de Cuentas, que tendrá la tarea de definir la responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico.
Según el Ejecutivo de Pinamar, la actitud de Watson tuvo un impacto directo en el patrimonio municipal y afectó el prestigio institucional. Desde la gestión de Ibarguren, destacaron que se cumplieron todos los pasos correspondientes: el sumario, la denuncia en la Justicia, una auditoría interna para determinar el alcance del faltante y, finalmente, la desvinculación.
