En el marco del primer aniversario de la detención de Cristina Kirchner, que cumple desde 2025 prisión domiciliaria por la condena en la denominada Causa Vialidad, los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) nacional confirmaron una serie de actividades para reclamar por la situación procesal de la exmandataria, las cuales comenzarán este miércoles y durarán hasta el próximo 20 de junio.
Esta tarde, diputados y senadores nacionales de Fuerza Patria anunciarán a través de una conferencia prensa el envío de una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que solicitarán que el tribunal arbitre medidas para ponerle fin a “la detención irregular”. Posteriormente, habrá una concentración frente a la casa de San José 1111, lugar donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
En tanto, numerosas agrupaciones políticas alineadas con el kirchnerismo acordaron realizar el sábado 20 de junio un “banderazo” en el Parque Lezama del barrio porteño de San Telmo, para conmemorar la fecha patria del Día de la Bandera, como así también llevar nuevamente la consigna “Cristina Libre”.
“El Partido Justicialista Nacional, junto a más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales, resolvió convocar a un banderazo por Cristina libre y contra la proscripción el próximo sábado 20 de junio a las 15 horas en Parque Lezama”, detallaron desde el PJ nacional a través de un comunicado.
Es precio mencionar que, este miércoles se cumplirá un año del fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que confirmó la pena contra la expresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acontecimiento que marcó un punto de quiebre en el sistema político y es un punto central en la interna actual del peronismo, que busca reacomodarse con vistas a 2027.
La decisión de confirmar el fallo dictado en noviembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal fue adoptada por unanimidad por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones de la defensa de la ex presidenta y de los otros ocho condenados.
El expediente que trató la Corte Suprema consiste en la causa iniciada en 2016, la cual investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Previo a ser detenida, Cristina Kirchner calificó la decisión como un “veto al voto popular”, tras lo cual manifestó que fallo judicial no lo dictaminaron los jueces de la Corte Suprema, al que calificó de “triunvirato de impresentables”, sino que fue efectuado por el poder económico concentrado.
