En las últimas horas, la causa que investiga el desvío de fondos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) hacia la campaña electoral presidencial de Patricia Bullrich, que es la titular de dicha fundación, dio un polémico giro luego de que el fiscal a cargo, Carlos Stornelli, ordenara el allanamiento de la Inspección General de Justicia (IGJ), principal denunciante del delito cometido por la precandidata.
Tras la orden emitida por Stornelli, tres agentes de la Policía Federal y dos colaboradores del fiscal a cargo de la causa, irrumpieron en la sede de la IGJ ubicada en Paseo Colón 285, con la excusa de recuperar el expediente administrativo en el que está basada la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos emitida contra Patricia Bullrich.
Es preciso destacar que, dicha intervención en la sede del IGJ, se dio luego de que el organismo denunciante se negara a entregar de manera voluntaria la información solicitada por Stornelli, ya que dicho informe incluía datos que involucraban al juez, Sebastián Ramos, vinculado de manera directa con el PRO, partido que supo dirigir la precandidata a presidenta.
En este contexto, los integrantes de la IGJ, se preguntan si el fiscal Stornelli continuará la investigación en la línea de este inesperado giro, es decir, convirtiendo a los denunciantes en acusados, o si efectivamente pondrá el foco en el importante desvío de fondos que realizó Patricia Bullrich a través de la fundación “sin fines de lucro” que dirige.
Cabe recordar que, la denuncia del IGJ se radica tras la constatación del organismo de que los ingresos al IEES resultaban completamente irregulares, ya que en 2019, la fundación tenía $741 en su cuenta bancaria, y luego cerró el 2022 con un monto que superaba los $90 millones.
Asimismo, el IGJ, en la denuncia erradicada contra Patricia Bullrich por el desvío de fondos de la fundación hacia su campaña, destacó que los pagos millonarios de los distintos empresarios aportantes hacia el IEES, eran coincidentes con los viajes en carácter de campaña que realizaba la precandidata presidencial.
En la misma línea, el organismo dependiente del ministerio de Justicia, cuestionó el modo en que la fundación de Patricia Bullrich confeccionaba sus facturas, ya que no detallaba fechas, lugar de realización, nombre de la actividad, o cantidad de asistentes a las actividades por las cuales recibía depósitos millonarios, y solo se limitaba a consignar las palabras “seminario”, “almuerzo” o “capacitación”.
De esta manera, la IGJ expresó que todos los pagos, tanto emitidos como recibidos, no solo “no guardan relación con el objeto social de la entidad sin fines de lucro, sino que tampoco resultan consistentes en cuanto a volumen”, al tener en cuenta la situación que atravesaba la fundación de Patricia Bullrich pocos años antes del 2022.
Por último, el documento escrito por la IGJ que denuncia a Patricia Bullrich, expresa que el diputado Gerardo Milman, renunció como vocal de la IEES “al mismo tiempo que dejó de participar en el equipo de campaña” de la precandidata a presidenta, lo que “permite confirmar que la institución es una formal persona jurídica sin fines de lucro, utilizada para la campaña política nacional de su máxima autoridad”.
