Este lunes, la Justicia federal procesó al ex funcionario nacional y líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional”, al haber recolectado las pruebas suficientes para demostrar que el puntero político piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibió su organización y la cooperativa El Resplandor Limitado.
Según la información que pudo recabar el juez federal Sebastián Casanello, el líder del Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado desviaron fondos públicos hacia una red de empresas, que habrían utilizado el dinero para “justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final” de las transferencias realizadas por Belliboni desde el ex ministerio de Desarrollo Social.
Luego de las rondas de indagatorias, Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita reunieron varias pruebas que demostrarían que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los fondos que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
En tanto, Casanello sostiene que, además de Belliboni, hay otros 16 dirigentes del Polo Obrero también procesados por la Justicia que actuaron en complicidad del líder de la organización piquetera y extorsionaron a beneficiarios de planes sociales para obtener más fondos y desviarlos hacia el partido de izquierda.
Así, el Juez sostiene que para lograr este objetivo, el Partido Obrero utilizó una serie de empresas “truchas” para justificar la utilización de la plata que le deba Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo, que son la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies.
“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, afirmó el Casanello, que probó que alrededor de 40 millones de pesos fueron a este grupo de firmas.
En esa línea, la Justicia federal afirmó que, en algunos casos, las compañías que trabajaban en complicidad con Belliboni hacían facturas truchas para que el Polo Obrero las presente ante el exministerio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo mientras que, otras veces las empresas, después de cobrar el dinero que les enviaba la organización, le endosaban cheques a la imprenta Rumbos, que tiene domicilio fiscal en la sede del Partido Obrero.
En el marco de la investigación a Belliboni por el desvío de fondos públicos y perjuicio al Estado nacional, la Justicia federal probó que la imprenta Rumbos hizo aportes electores al Partido Obrero por $18 millones, y hasta contrató a una empresa de publicidad para que trabaje en la campaña del espacio.
Cabe mencionar que, por las facturas truchas, además de Belliboni, fue procesado el tesorero del Polo Obrero, Mariano Alejandro Centanni y Elizabeth del Carmen Palma, que si bien no participó de la firma de los convenios, suscribió las facturas y los recibos vinculados a las firmas Rumbos y Miniso Trade.
Además, en la lista de procesados por administración fraudulenta se encuentra el cotitular del Polo Obrero, Jeremías Cantero, las dirigentas María Isabel Dotti, Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque y Elizabeth Galindo Mamani, y el dueño de la imprenta Rumbos, Roberto Adrián Albornoz.
Polo Obrero: la segunda línea de la investigación contra Belliboni
En el marco de la causa que investiga la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional de Belliboni, el fiscal Gerardo Pollicita trabaja en una segunda línea de investigación que podría involucrar a otros ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, que en ese momento estaba liderado por la actual diputada Victoria Tolosa Paz.
Según dejaron trascender, la Justicia federal quiere saber si los funcionarios que integraban la Secretaría de Economía Social que en los años de Alberto Fernández estuvo liderada por Emilio Pérsico “participaron de la maniobra de desvío de dinero” al no haber controlado las facturas apócrifas presentadas por el Polo Obrero.
Así, Pollicita analiza cada una de las líneas de mando de esa dependencia, desde Emilio Pérsico hasta el último eslabón, e intentan determinar si la falta de control pudo haber sido un error o una omisión voluntaria. En caso de que sea la segunda opción, la Justicia intenta establecer si existió una orden desde los altos mandos para que no se controlara y se giraran los fondos.
En tanto, una fuente judicial explicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía desconocer que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software, había sido catalogada como “apócrifa”, es decir falsa o inexistente, por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en noviembre de 2020.
Al mismo tiempo, a los investigadores que trabajan de la mano de Pollicita les llama la atención que ninguno de los esquemas de control haya investigado facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade, a la que también la organización de Belliboni dice haberles adquirido computadoras.
