El Gobierno nacional oficializó este martes la distribución de las partidas correspondientes al Presupuesto 2026 y estableció un nuevo esquema de reglas que regirán tanto el manejo de los fondos públicos como la designación de cargos en los distintos organismos del Estado.
La medida fue instrumentada a través de la decisión administrativa 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada. En ese marco, el texto detalla la asignación de recursos y cargos laborales para todas las jurisdicciones, que contempla tanto los gastos corrientes como los de capital.
Entre los principales cambios, se dispone que el jefe de Gabinete tendrá la facultad de subdividir los créditos presupuestarios hasta el nivel de las partidas más específicas, de acuerdo con programas o categorías. De esta manera, el Ejecutivo busca reforzar el control sobre la ejecución de los presupuestos en cada área de la administración pública.
Asimismo, la norma introduce restricciones para la cobertura de vacantes, ya que establece que en adelante, los organismos deberán certificar que los puestos estén efectivamente disponibles y que cuenten con financiamiento asignado antes de avanzar con nuevas designaciones de personal.
En la misma línea, los movimientos en cargos ejecutivos solo podrán aprobarse con la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente de la cartera que conduce Federico Sturzenegger, y de la Secretaría de Hacienda, bajo la órbita de Caputo.
Por otra parte, la decisión administrativa establece la obligación de informar cada tres meses a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de la dotación de personal y las contrataciones. En caso de que alguna dependencia modifique su estructura organizativa o incorpore nuevos cargos, deberá presentar un informe detallado de costos y fuentes de financiamiento antes de recibir la correspondiente autorización.
En el caso de las jurisdicciones que administran gastos de inteligencia, el nuevo esquema fija que será necesaria una autorización expresa de la Secretaría del Estado (SIDE) para movilizar fondos o alterar los planes presupuestarios previamente establecidos.
A su vez, en la oficialización de las partidas del Presupuesto 2026 para la adquisición de bienes de uso o la ejecución de obras públicas, los organismos deberán contar de manera obligatoria con un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública, como condición previa para avanzar con los procesos administrativos.
En este contexto, el Gobierno avanza con un esquema de mayor control y supervisión del gasto público en el Presupuesto 2026, en sintonía con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal previsto para el próximo ejercicio.
Presupuesto 2026: un escenario fiscal exigente
El Presupuesto 2026 se desarrolla en un escenario fiscal complejo, atravesado por el impacto de leyes aprobadas durante 2025, la evolución de la inflación y el debate por la reforma laboral. Para alcanzar el superávit primario del 1,5% del PBI previsto por el Ejecutivo, el esquema exige una reducción significativa del gasto discrecional.
De acuerdo con un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, el Presupuesto 2026 no contempla los mayores desembolsos derivados de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estas normas implican un impacto fiscal estimado en 0,23% y 0,36% del PBI, respectivamente.
Además, el instituto advierte que, si la inflación real supera la proyección oficial, aumentarán tanto la recaudación como las erogaciones que se actualizan automáticamente, como jubilaciones, la AUH y otros programas sociales, lo que podría modificar el resultado fiscal previsto.
En caso de que se aprueben los cambios impositivos incluidos en la reforma laboral, el gasto discrecional debería reducirse un 19% en términos reales para sostener la meta de superávit, según las estimaciones del IERAL.
