Este jueves, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, le prohibió a los tres imputados en la causa que investiga a la agrupación Revolución Federal, a acercarse al Congreso de la Nación, al Instituto Patria y al domicilio de la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, por lo que dispuso que se los monitoree con una tobillera electrónica.
De esta manera, la prohibición de la Justicia recayó sobre los miembros de Revolución Federal, Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, a pedido de los abogados querellantes, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, que representan a Cristina Kirchner en la causa.
En ese sentido, la querella reclamó a la Justicia por la prohibición del acercamiento de los acusados “para evitar quedar a merced de la suerte una vez más”, en relación al atentado que sufrió la exvicepresidenta el 1° de septiembre de 2022, al recordar que su “consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso“.
Es preciso mencionar que, Leonardo Sosa, estuvo merodeando en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus, ubicado en los palcos del tercer piso de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que se encuentra el despacho de Máximo Kirchner, entre otros.
“Durante su presencia en la Cámara de Diputados, Sosa realizó posteos hostiles en la red social X: en uno de ellos, se observa una fotografía del diputado Máximo Kirchner“, argumentaron los abogados de la exvicepresidenta, de manera que el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a la solicitud en base “a los temores puestos de manifiesto”.
En ese marco, los apoderados también insistieron en que se convoque a declaración indagatoria a una de las empresarias de Caputo Hermanos, Rosana Caputo, al remarcar que los pagos de la compañía coinciden temporalmente con las principales actividades de Revolución Federal y que cesaron el día del atentado contra Cristina Kirchner.
Cabe mencionar que, además de los testimonios en la causa que señalan que la empresa financió a la agrupación Revolución Federal, los abogados dieron cuenta de que Rosana Caputo contactó y contrató a Jonatan Morel para la provisión de muebles.
La querella recordó los informes incorporados a la causa sobre la existencia de transferencias de aproximadamente 6.5 millones de pesos realizadas por los fideicomisos de Caputo, Espacio Añelo y Santa Clara Del Sur, a Jonathan Morel, Ailén Vallero y Evelyn Balboa, que tuvieron lugar entre enero y agosto de 2022.
