El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un acuerdo con las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes para postergar el pago de sanciones aplicadas por incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico, lo que implica un alivio financiero para estas empresas y para numerosas cooperativas del interior en un contexto de transición tarifaria.
Es preciso mencionar que, si bien la medida adoptada por la provincia de Buenos Aires no perdona las penalizaciones que recibieron las empresas distribuidoras de electricidad, sí difiere su cobro y la acreditación a los usuarios hasta la entrada en vigencia de la próxima Revisión Tarifaria Integral (RTI).
La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y tendrá vigencia hasta que se ponga en marcha el primer cuadro tarifario derivado de la RTI, actualmente en proceso de elaboración.
Es que, esta instancia de revisión fue lanzada el año pasado para ordenar el esquema tarifario de la energía eléctrica que permanecía en emergencia desde 2020, tras los efectos acumulados de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la pandemia de coronavirus.
Según lo establecido, Edelap, Edea, Eden y Edes no deberán acreditar por ahora a los usuarios las multas acumuladas desde junio de 2017 ni aquellas que se impongan en adelante, y tampoco estarán obligados a afrontar las sanciones complementarias que ya tengan carácter firme en sede administrativa. Sin embargo, estas deudas quedarán contabilizadas en cuentas específicas bajo auditoría del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del propio Ministerio.
De esta manera, la Provincia busca garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio eléctrico en una etapa de transición, al tiempo que asegura que los montos sigan registrados y se definan más adelante sus destinos. Entre las posibilidades, se evaluará si serán acreditados directamente a los usuarios, canalizados hacia inversiones o destinados a otros usos previstos por la normativa vigente.
En tanto, el gobierno de Axel Kicillof fundamentó la medida en la necesidad de dar aire financiero a las distribuidoras y cooperativas que, en muchos casos, se encuentran con severas dificultades económicas para sostener sus operaciones. La intención oficial es evitar interrupciones en el servicio y asegurar el suministro hasta que quede en firme el nuevo cuadro tarifario, cuya implementación se aceleró en las últimas semanas.
El acuerdo también se enmarca en el debate legislativo por la transición tarifaria, que este año no obtuvo aval parlamentario pero que de hecho continúa siendo aplicada mediante resoluciones administrativas. En este punto, la Subsecretaría de Energía bonaerense trabaja junto a las cooperativas eléctricas y las empresas prestatarias en el armado de la RTI, que será clave para definir el futuro del sector.
En paralelo, la Provincia sostiene que el congelamiento tarifario y la emergencia prolongada llevaron a que los ingresos de las distribuidoras quedaran desfasados respecto de los costos reales de prestación, lo que derivó en tensiones con el sistema de multas acumuladas, que presionan sobre la delicada situación financiera de las empresas. Por lo tanto, el acuerdo con Edelap, Edea, Eden y Edes es visto como una “medida transitoria” para evitar un colapso en la prestación del servicio.
La resolución establece que los organismos de control deberán llevar adelante auditorías permanentes sobre las cuentas contables donde se asienten las sanciones, con el objetivo de garantizar transparencia y de resguardar que esos recursos no se diluyan ni queden sin destino. El futuro de esos fondos será definido dentro de la propia RTI, que deberá fijar tanto el nivel de tarifas como los parámetros de calidad y sanciones del servicio eléctrico en la provincia.
La Provincia firmó convenios con Edenor y Edesur para regularizar sus deudas
En paralelo al acuerdo con Edelap, Edea, Eden y Edes, el Gobierno bonaerense firmó convenios con Edenor y Edesur para regularizar deudas surgidas del régimen anterior de la Tarifa Social Eléctrica. Se trata de montos acumulados entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2024, período en el que se produjo la transición hacia el nuevo esquema de bonificaciones.
De acuerdo con lo resuelto, la Provincia afrontará pagos por $24.737 millones que se cancelarán en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026. En detalle, el convenio con Edenor alcanza los $17.691 millones, mientras que el de Edesur suma $7.046 millones, y ambos acuerdos tendrán carácter cancelatorio, final y definitivo respecto del sistema anterior.
De esta manera, la Provincia busca evitar que los beneficiarios de la tarifa social sufran perjuicios económicos, ya que la aplicación retroactiva de las nuevas reglas podía derivar en refacturaciones que implicaran costos adicionales para los hogares más vulnerables. Según explicaron fuentes oficiales, se trata de un mecanismo excepcional que intenta resguardar a los usuarios en un contexto de fuerte presión tarifaria.
Con estos pasos, la Provincia avanza en un doble frente: ordenar las cuentas con las grandes distribuidoras metropolitanas y, al mismo tiempo, aliviar la situación financiera de las empresas que operan en el territorio bonaerense, con la vista puesta en la futura Revisión Tarifaria Integral que será determinante para todo el sistema eléctrico.
