El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este jueves definió colocar a un hombre de confianza como director interino del Consorcio del Puerto de Quequén, tras la renuncia de la massista Jimena López, quien esta semana asumió su banca como diputada nacional por Unión por la Patria.
En medio de la disputa por el reparto de cargos en los puertos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador, el kicillofismo ganó la pulseada del Puerto de Quequén al poner como director interino a un representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Se trata del abogado oriundo de San Vicente e integrante del espacio del que responde a Kicillof, Mariano Carrillo, quien ya cuenta con un recorrido dentro del directorio como uno de los representantes sindicales. Además de encabezar el organismo, será responsable de manera temporal de las funciones correspondientes a la Gerencia General.
Pese a la victoria de colocar un nombre propio, en la nota de recomendación en donde insta al Puerto Quequén a reconocer a Carrillo como director interino, Kicillof también pidió que durante la transición no se realicen votaciones que afecten permisos, concesiones o prorrogas de las mismas.
La solicitada de calle 6 se debe precisamente a que, en los últimos días, la empresa multinacional Terminal Quequén S.A. (TQSA), cuya concesión se encuentra vencida desde 2021, impulsó una autoconvocatoria del Directorio del Consorcio de Gestión del embarcadero. Esto, con el objetivo de designar un presidente interino y un gerente general afines a la compañía sin el aval del Gobierno bonaerense.
Los movimientos generaron preocupación, ya que la ley establece que la designación de la presidencia es una potestad exclusiva del gobernador de turno y no de los directores portuarios. Sin embargo, la autoconvocatoria se realizó en base a un reglamento interno del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén que no podría prevalecer sobre las normas vigentes que determinan el mecanismo legal para la conducción del organismo.
No obstante, desde la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén advirtieron que, en el orden del día de la reunión, los directores, afines a la multinacional TQSA, incluyeron como único punto operativo la resolución de la prórroga de la concesión, pese a que el Consorcio carece de presidente designado por el Ejecutivo bonaerense, lo que excede de manera significativa las facultades del Directorio y altera el procedimiento institucional previsto para este tipo de decisiones.
En ese contexto, durante una reunión excepcional dictada este jueves, los ocho integrantes del Consorcio del Puerto de Quequén se reunieron y avalaron por unanimidad la designación de Carrillo, la cual busca garantizar la operatoria cotidiana y el normal funcionamiento de la unidad portuaria.
Si bien todo indicaría que el representante de UATRE podría mantener ese lugar, por su aval desde Casa de Gobierno y por su ratificación unánime, lo cierto es que desde el Frente Renovador pretenden mantener ese lugar y su voz sigue siendo de peso.
En ese marco, una de las posibilidades que había tomado fuerza por pedido de la directora saliente era que el lugar en el directorio del Puerto de Quequén sea ocupado por otra mujer local para continuar con su tarea.
Otro de los señalados es Patricio “Pato” Hogan, exintendente de Miramar y subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte de la Nación, cuando el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el massista Alexis Guerrera, estaba al frente de esa cartera entre 2021 y 2022.
De todas maneras, las definiciones fueron postergadas a la espera de nuevas negociaciones y de la decisión final de Kicillof, con respecto a las sillas en los directorios de los puertos, codiciadas no solo por su relevancia económica sino por su visibilización política que otorgan en un escenario cada vez más caldeado entre los campamentos pejotistas.
La pelea por el Puerto de Quequén sumó un nuevo capítulo
El pasado 13 de noviembre, la asamblea por la soberanía del Puerto Quequén celebró la cuarta postergación de la licitación que buscaba extender por 35 años la concesión de la Terminal Quequén S.A. La conducción del espacio definió la decisión como una “nueva batalla ganada” frente a las exportadoras transnacionales que intentan sostener el control del enclave portuario.
En ese marco, la organización sostuvo que el nuevo aplazamiento representa “un freno a las presiones de las corporaciones del sector agroexportador”, que buscan mantener la renta en dólares y la operatoria estratégica del puerto. Además, la asamblea volvió a impulsar su proyecto para reestatizar la terminal principal y crear una Sociedad del Estado bonaerense con el fin de recuperar la renta comercial.
El comunicado destacó que el gobierno de Kicillof prorrogó sucesivamente el proceso desde el vencimiento de la concesión, ocurrido en noviembre de 2022, en medio de reclamos y gestiones ciudadanas. Al respecto, la asamblea demandó que el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) “funciona como representante de empresas privadas monopólicas” y firma “pactos de confidencialidad” que favorecen a las exportadoras.
La agrupación también denunció que el Directorio contrató un estudio jurídico propuesto por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) para elaborar los pliegos licitatorios. Según la asamblea, esa decisión direccionó el proceso y extendió el plazo de concesión a “un abusivo período de treinta años más cinco adicionales”.
Asimismo, la organización señaló ciertos conflictos de intereses dentro del Consorcio, ya que el gerente de la concesionaria Terminal Quequén S.A. integra al mismo tiempo el Directorio del organismo, mientras que otro de los directores representa a la Cámara de la Industria Aceitera y ocupó cargos en Viterra, que figura como accionista de la concesionaria.
En medio de estas acusaciones, la asamblea presentó en el mes de julio un pedido formal dirigido a Kicillof para que intervenga el Consorcio de Gestión y declare la nulidad de todo lo actuado. En este caso, el planteo alertó que “existe el riesgo de sufrir otros treinta y cinco años de despojos” en caso de que la Provincia no modifique el rumbo del proceso.
La agrupación sostuvo que la conducción bonaerense debe avanzar con una operadora estatal, contemplada en la Ley 24.093 y en el artículo 40 de la Constitución de 1949, y vinculó ese paso con el resultado electoral del pasado 7 de septiembre. El espacio afirmó que “el pueblo de la Provincia ha dado su respaldo al gobierno, y es momento de iniciar el nuevo camino señalado esa misma noche”.
Por último, la Asamblea llamó a las fuerzas soberanistas del país a acompañar la demanda para evitar que la Terminal del Puerto Quequén se transforme en un nuevo caso como el de Vicentin. “Cuatro batallas ganadas generan mucha fortaleza, pero la lucha no ha terminado”, concluyó el espacio al reclamar una política portuaria soberana en defensa de los intereses bonaerenses y nacionales.
