La senadora bonaerense del bloque Hechos-UCR Identidad, Natalia Quintana, presentó en las últimas horas un proyecto para crear una guía provincial accesible de derechos para personas con discapacidad, destinada a brindar información actualizada sobre las prestaciones, beneficios y mecanismos de reclamo existentes en la provincia.
La iniciativa apunta a fortalecer el derecho a la información de las personas con discapacidad para que puedan identificar el organismo responsable de garantizar las prestaciones. “El reconocimiento normativo de un derecho no resulta suficiente cuando sus destinatarios desconocen su existencia o no pueden identificar el procedimiento necesario para hacerlo efectivo”, afirmó la titular de la comisión de Igualdad Real de Trato y de Discapacidad del Senado bonaerense.
Según plantea el texto de Quintana, la “Guía Provincial de Derechos para Personas con Discapacidad” deberá encontrarse disponible en formatos digitales accesibles, en lengua de señas, audio, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y en sistema Braille, cuando sea solicitado.
En tanto, las dependencias de la Administración Pública provincial que desarrollen políticas, prestaciones, programas, trámites o servicios destinados al sector, tales como la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), deberán publicar la Guía en sus sitios web y garantizar su disponibilidad en las oficinas de atención al público.
“La incorporación de un sitio web específico y de códigos QR permitirá acceder de manera inmediata a la versión vigente de la información, sin perjuicio de garantizar la entrega en soporte físico o en otros formatos cuando resulte necesario”, puntualizó Quintana.
En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con un Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad, establecido por la Ley 10.592, además de diferentes normas, organismos y programas con competencias específicas en salud, educación, empleo, transporte, tributación, accesibilidad y protección social.
En el orden nacional, la ley 27.269 estableció el deber del Estado de elaborar una cartilla de derechos para personas con discapacidad y dispuso su entrega al momento de otorgarse el CUD “Lo que se busca es complementarla mediante una herramienta que reúna especialmente los derechos, prestaciones, beneficios, servicios, trámites y vías de reclamo correspondientes al ámbito bonaerense”, indicó la senadora bonaerense.
“La dispersión normativa y administrativa puede transformarse en una barrera adicional para el ejercicio efectivo de los derechos. Garantizar que las personas con discapacidad los conozcan constituye una obligación estatal y una condición esencial para que esos derechos puedan ser ejercidos de manera autónoma, plena y efectiva”, concluyó Quintana en los fundamentos de su iniciativa parlamentaria.
