La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires garantice el acceso “gratuito, equitativo y oportuno” a productos de gestión menstrual en establecimientos públicos de todo el territorio provincial.
La iniciativa contempla su distribución en escuelas, hospitales, centros de salud, espacios recreativos y otros organismos estatales, con el objetivo de reducir desigualdades y asegurar derechos vinculados a la salud, la educación y la igualdad de oportunidades.
“La denominada pobreza menstrual constituye una problemática estructural que afecta principalmente a mujeres, adolescentes, niñas y otras personas menstruantes, limitando el ejercicio pleno de derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la participación social, mientras que la falta de acceso a productos menstruales adecuados puede provocar ausentismo escolar y laboral, generar riesgos para la salud y profundizar las desigualdades de género existentes”, escribió la legisladora en los fundamentos del proyecto.
Por eso, Rasquetti explicó que el proyecto que ingresó a la Legislatura bonaerense no solo busca garantizar el acceso universal y gratuito a productos de gestión menstrual, sino también reconocer que la menstruación puede convertirse en un factor de “exclusión, discriminación y vulneración de derechos” en contextos atravesados por desigualdades económicas y sociales.
En ese marco, la iniciativa de la legisladora massista remarca que la Constitución bonaerense garantiza el derecho a la salud, a la educación y a la igualdad real de oportunidades y de trato, en línea con distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por el Estado argentino, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En lo que respecta al ámbito de aplicación, el proyecto de Rasquetti establece que la provisión gratuita de productos de gestión menstrual será obligatoria en establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades, tales como hospitales, centros de salud y dispositivos de atención primaria. Además, la legisladora incluye centros deportivos, recreativos y culturales estatales, hogares y refugios destinados a personas en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género, establecimientos penitenciarios y otros espacios públicos que determine la autoridad competente.
En lo referido a la modalidad de entrega, Rasquetti enfatiza que la misma será gratuita, periódica y sin barreras de acceso, al tiempo que deberá promover el control ginecológico anual y el registro de cada provisión en el sistema de salud para garantizar trazabilidad. En el caso de la copa menstrual, su entrega se ajustará a la vida útil estimada del producto, lo que asegurará la sostenibilidad del programa que la diputada massista propone institucionalizar.
En otro tramo del proyecto que ingresó a la Legislatura, la diputada bonaerense busca incorporar la temática de la gestión menstrual de manera transversal dentro de los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI), para promover el cuidado de la salud menstrual, fomentar el conocimiento sobre el tema y contribuir a erradicar estigmas y discriminaciones asociadas a la menstruación.
Por otro lado, la iniciativa contempla un enfoque vinculado a la sostenibilidad ambiental que deberá incorporarse a medida que avance su implementación, al establecer que la autoridad de aplicación deberá promover progresivamente el acceso a productos reutilizables y sustentables, como copas menstruales y toallas reutilizables, siempre que se respeten las preferencias, condiciones de salud y contextos socioculturales de las personas beneficiarias.
“El presente proyecto se inscribe en una perspectiva de derechos humanos, de género, diversidad y salud pública, entendiendo la gestión menstrual como una cuestión que trasciende el ámbito individual y requiere de una respuesta estatal integral. La provisión gratuita de productos en establecimientos públicos constituiría una medida concreta y eficaz para reducir desigualdades, garantizar la permanencia en el sistema educativo y promover condiciones de vida digna”, concluyó Rasquetti en los fundamentos.
