La crisis salarial dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que trabajadores penitenciarios en actividad, personal retirado y familiares presentaran un extenso petitorio dirigido a la administración de Axel Kicillof para exigir respuestas sobre salarios, horas extras, condiciones laborales y diversos reclamos administrativos que, según sostienen, se agravaron durante los últimos años.
El documento reúne una amplia batería de demandas vinculadas al funcionamiento cotidiano de las cárceles bonaerenses. En ese marco, los impulsores del reclamo señalaron que la actividad penitenciaria requiere horarios laborales acordes al desgaste físico, psíquico y emocional que implica la función, además de una revisión integral del régimen de recargos y servicios extraordinarios.
La cuestión salarial aparece como el principal eje de preocupación dentro del sector. Aunque el Gobierno bonaerense otorgó en abril el último incremento salarial, los trabajadores reclamaron una actualización urgente de horas extras y adicionales penitenciarios, al sostener que esos conceptos quedaron rezagados frente al avance inflacionario y la suba del costo de vida.
Asimismo, el petitorio también incluyó pedidos para actualizar las partidas destinadas a uniformes y equipamiento. Sobre este punto, los firmantes advirtieron que los recursos actualmente asignados ya no alcanzan para afrontar los gastos que demanda la prestación del servicio. Según remarcaron, esta situación obliga a muchos agentes a cubrir costos con recursos propios.
En la misma línea, los penitenciarios bonaerenses solicitaron la implementación de asistencia psicológica y psico-laboral permanente, además de mejoras en los espacios de descanso destinados al personal que cumple guardias de 24 horas, al considerar insuficientes las condiciones actuales para garantizar una adecuada recuperación.
Por último, el documento incorpora reclamos vinculados a los descuentos salariales y a distintos procedimientos administrativos internos, entre ellos el respeto al límite legal de afectación sobre el salario neto, así como una mayor transparencia en expedientes relacionados con carpetas médicas, sanciones disciplinarias y reclamos laborales.
Vale precisar que el reclamo de los trabajadores del SPB se produce en un contexto complejo para la gestión provincial, puesto que las paritarias con distintos sectores estatales continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo general que permita descomprimir la tensión salarial dentro de la administración pública bonaerense, mientras se acerca el pago del medio aguinaldo de junio.
Además, el reclamo penitenciario se suma a otras manifestaciones de malestar registradas durante los últimos meses en áreas vinculadas a la seguridad provincial. De hecho, la Policía Bonaerense atravesó a comienzos de año un período de fuerte tensión interna por demandas salariales y laborales que alimentaron versiones sobre posibles medidas de fuerza.
El antecedente de Alonso que anticipó el reclamo de los penitenciarios bonaerenses
Por caso, el reclamo presentado por los trabajadores penitenciarios bonaerenses encuentra un antecedente reciente dentro de otra de las fuerzas que dependen del Estado provincial. En abril de este año, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció públicamente las dificultades económicas que atraviesan los efectivos policiales y admitió que los salarios del sector resultan insuficientes frente al costo de vida.
“Los sueldos en la Argentina son una miseria hoy. Un oficial que recién empieza ya en su segundo año está cobrando un millón cincuenta mil pesos, entre el salario básico, su actividad y el uniforme. Igual no alcanza, con esto no le alcanza a nadie”, sostuvo el funcionario provincial.
Además, el titular de la cartera de Seguridad afirmó que numerosos efectivos complementan sus ingresos con otras actividades fuera de la fuerza. Según explicó el dirigente kicillofista, algunos agentes trabajan como conductores de aplicaciones de transporte, mientras que otros desarrollan distintas tareas particulares para afrontar los gastos mensuales.
Incluso, Alonso señaló que algunas mujeres policías comercializan contenido para adultos a través de plataformas digitales y remarcó que el Ministerio intervino para brindar asesoramiento institucional. De esta manera, las declaraciones del ministro dejaron expuesto un problema salarial que meses después vuelve a emerger a través del petitorio impulsado por trabajadores del SPB.
