Este miércoles, el equipo de comunicación de Javier Milei anunció que las auditorías en los ministerios, secretarías y dependencias de la Administración Pública Nacional ordenadas por el presidente electo para avanzar con el recorte estatal prometido durante la campaña electoral podrían estar listas antes de que concluya el 2023.
Es preciso mencionar que, el plan de La Libertad Avanza para aplicar el recorte estatal consta de dos etapas, la primera es realizar auditorías para conocer en profundidad la labor de cada empleado estatal en las dependencias, mientras que la segunda es eliminar a aquellos trabajadores que no cumplan funciones esenciales o actividades relevantes.
En tanto, mientras cada ministerio, secretaría y dependencia de la Administración Pública Nacional avanza con la auditoría ordenada por el propio Milei a su gabinete, el titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo, advirtió que aquellos contratos de planta permanente que concluyan este 31 de diciembre no serán renovados.
En la misma línea, el flamante ministro de Economía que volvió a la cartera luego de seis años, ratificó que la nueva administración pondrá como condición la presencialidad obligatoria en los puestos de trabajo del Estado nacional, al tiempo que advirtió que esa medida los ayudará a concretar la primera reducción.
En la actualidad, la Administración Pública Nacional tiene casi 400 mil empleados, por lo que se espera reducir en 30 mil esta planta con la medida de presencialidad, mientras que el achicamiento más importante se producirá a partir de la no renovación de los contratos. El número total todavía se mantiene en reserva, al menos hasta que concluyan las auditorías.
Cabe recordar que, el plan de reducción estatal es coordinado por la jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, mientras que el proceso está intervenido por Federico Sturzenegger, que estuvo reunido este mismo martes en el segundo encuentro convocado por Milei con su gabinete.
Así, el Gobierno de Milei tiene en la mira las contrataciones y nombramientos que se produjeron luego de que el Gobierno emitió el decreto 426/2022, que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. La norma regía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los equipos técnicos libertarios sostienen que no se cumplió.
A modo de ejemplo, un funcionario de La Libertad Avanza adelantó que en lo poco que se supo del inicio de las auditorías, detectaron que en el último año uno de los ministerios sumó 3.000 nuevos empleados. “La cifra de empleados irregulares podría ser mayor a la esperada”, sostienen desde el núcleo duro de Milei.
Una vez que las autoridades del nuevo Gobierno nacional conozcan en profundidad el cuadro de situación de cada ministerio y secretaría, llegará una tercera etapa, que consistirá en ofrecer retiros voluntarios, con intimidaciones a quienes estén en situación irregular y la posible judicialización de numerosos casos.
El principal desafío para la gestión de Milei en esta cuestión es definir qué harán con los empleados de los ministerios que dejarán de existir y no se convertirán ni siquiera en Secretaría, para los cuales la ley marca que deben quedar a disposición de otros organismos por un periodo de seis meses y hasta 2 años. Si ninguna otra dependencia reclamara sus servicios, se les debe pagar una indemnización.
El problema allí radica en que el principal objetivo de la nueva gestión gubernamental se basa en la premisa de achicar el Estado nacional con la aplicación de una reducción de los puestos de trabajo ya existentes, por lo que aquellos trabajadores de las carteras que serán eliminadas podrían tener mayores dificultades para encontrar un espacio en las dependencias que quedaron en pié.
Si las auditorías marcan que existen irregularidades, como pases a planta permanente de personas que no fueron a concurso público o falta de asistencia al puesto de trabajo, surgirá la figura de exoneración, es decir, el Estado no paga ninguna indemnización. En el caso de la planta política, un decreto podría llegar a eliminar estos cargos.
